Dicen que los golpes de Estado “blandos” fueron ideados por la inteligencia norteamericana para desarticular a los gobiernos progresistas electos en Suramérica y en otras partes del mundo, y así promover cambios “desde adentro, y sin costosa intervención militar” para favorecer sus intereses geopolíticos. Cierto o no, lo que sí está visto es que el método no es de uso exclusivo. Lo están usando las facciones más conservadoras de las elites económicas y políticas de Centroamérica para desarmar las precarias democracias que se instalaron luego de la pacificación de la región a finales de los años ochenta.

Fue Honduras quien cayó primero; es hasta ahora que quedan ampliamente evidenciadas las repercusiones que tuvo tolerar el golpe semiblando que le dieron al presidente Manuel Zelaya (el Ejército sí tuvo participación explícita en esa operación) en 2009. Grave error el que cometieron los países centroamericanos y los “países amigos”, que rápido pasaron de vociferar un ratito a dar la bienvenida como que nada a los clepto-narco gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. Del 2009 para acá no solo asolaron las arcas hondureñas, sino sentaron cátedra con la manipulación de la legalidad para rehacer descaradamente el Estado de Derecho a su medida.

Luego, Nicaragua, con la dictadura Ortega-Murillo: traidores de la Revolución Sandinista, vendieron su alma para convertirse en amos y señores feudales. Mientras dejaron hacer negocios, los empresarios se hicieron de la vista gorda con la concentración de poder político y el control social que llevaban a cabo. Ahora que se rompió esa alianza, los Ortega-Murillo se terminaron de quitar la máscara y gobiernan claramente a base de represión indiscriminada, frente a la mirada impávida (o de admiración) de los gobiernos de la región, que ya vieron que no hay mayores consecuencias por su actuar antidemocrático.

Ahora Guatemala. La Alianza Criminal fraguada entre la élite económica empresarial más poderosa del país, el Ejército, los partidos políticos y las facciones religiosas más conservadoras y recalcitrantes respaldan a Morales en la violación activa y continuada de la Constitución. No solo es salir de la CICIG sino quieren deshacer todas las ataduras institucionales propias de una democracia republicana que, durante todos estos años, les ha contenido un poco para no acabar con todo el patrimonio público, los recursos del Estado y de las comunidades.

Confían que las consecuencias económicas y políticas sobre ellos y el país serán limitadas, dada la experiencia de Honduras y Nicaragua. Peor aún, procurarán lavarse la cara de la ruptura constitucional que han hecho con las próximas elecciones, muy al estilo hondureño, sin que por ello no se anticipe que harán uso también de medidas represivas como Ortega.

Faltan solo tres semanas para los comicios en El Salvador; todo indica que se realizarán, pero se anticipa también un duro futuro para el nuevo gobierno de ese hermano país, pues las fuerzas político partidarias tradicionales padecen de los mismos males que sus pares del CA-4. Es posible que también prefieran hundir el sistema democrático antes que perder sus privilegios o que sus fechorías salgan a relucir.

¿Qué nos queda a nosotros, los pueblos? Unirnos, resistir, luchar. Por años hemos insistido en articular propósitos y fuerzas. Luchamos contra gigantes muy experimentados. Si no se arma un frente común, tengan por seguro que la dictadura que se está instalando pasito a pasito, simplemente se lavará la cara con las elecciones en junio, poniendo en el Ejecutivo y Legislativo a monigotes igual o más serviles todavía a sus intereses.