Estamos a las puertas de un nuevo año, que en Guatemala viene con un doble elemento novedoso sobre cualquier otro año nuevo. En primer lugar, el hecho de un cambio de gobierno, que abre expectativas, incertidumbres, temores en unos y esperanzas en otros. Es también un año nuevo especial en el calendario maya de cuenta larga con el fin de un ciclo y, lógicamente, con el inicio de un nuevo ciclo.

Nuestros vecinos norteños ya han preparado una estrategia turística que, en torno a ese evento singular del calendario maya, atraerá a millones de visitantes y millardos de dólares a la Riviera Maya y a los grandes centros ceremoniales de Quintana Roo, Yucatán y, en menor medida, Tabasco y Chiapas.

Entre nosotros el evento transcurrirá en el jaloneo entre los transmisores ancestrales de ese calendario y su significado, entre los intérpretes y aspirantes a monopolizadores de su definición y sentido y, finalmente, entre los operadores turísticos y el Inguat. Ojalá este evento singular y todos sus actos promocionales conduzcan a ayudar a que la dignidad del pueblo maya se vea realzada y beneficiada en forma justa.

Ambos hechos y el cambio de año plantean otra vez el reto de no olvidar lo que debiera constituirse en el fiel de la balanza desde el que dirimir y calificar las acciones públicas en el país. Me refiero al bien común, ese concepto que está en el inicio de nuestra Constitución Política y que, desde una perspectiva de Iglesia, es también el eje fundamental de su doctrina social.

En la pugna por defender intereses particulares y hacerlos prevalecer sobre el bien común, el Estado guatemalteco se ha encontrado en los últimos años arrinconado y fundamentalmente inerme frente a quienes quieren imponer sus intereses y obtener beneficios doblegando al Estado por la vía de los privilegios, de los hechos y de las presiones, sean estas de guante blanco o de tea incendiaria.

El papa Benedicto XVI ha dicho en distintas ocasiones que los mayores enemigos de la Iglesia están dentro de ella. Podríamos trasladar la comparación al Estado guatemalteco para descubrir que los peores enemigos de nuestra sociedad están en nómina o en negocios con el Estado.

Por ello, recuperar la noción de bien común es fundamental para juzgar, desde ese solo criterio, la bondad y pertinencia o maldad e impertinencia de las distintas políticas que se quieran implementar, pero también para valorar, con el mismo criterio, las reacciones, oposiciones y chantajes que se anuncien o practiquen desde distintos sectores de todo el espectro ideológico.

Toda acción política que no contribuya directa y expresamente al bien común del país no puede pretender ser legitimada como buena. No perdamos el rumbo y no nos enzarzemos en disputas que al final solo muestran egoísmos contrapuestos.

Es mucha verdad que hay variedad de intereses particulares que pueden ser perfectamente legítimos, pero si no pasan el test del bien común, pasarán automáticamente a segundo plano.