Después de la resaca ocasionada por las alocadas decisiones tomadas por  Jimmy Morales y los diputados, el pueblo finalmente reconoció que ya no puede seguir sumido en un sistema colapsado. El sentir generalizado es que se reformen ciertas leyes importantes.

Los desafíos técnicos para ejecutar estos cambios son complejos, empezando por lograr un consenso: ¿Quién convocará? ¿Cuáles sectores verdaderamente representan a la sociedad? ¿Qué reformas lograrán un cambio significativo y no solo un simple maquillaje?

Y eso es lo complicado, porque, por ejemplo, hace una semana escribí que era necesario bajar el número de los diputados a 44, exigir que fueran profesionales y mayores de 50 años. Dos personas me dijeron que “mi propuesta” sonaba bonita, pero que en un sistema “democrático” no se pueden limitar los derechos de participación. Y que lo único posible era educar a los votantes para que se fijen por quién votar.

Aquí la cuestión es romper paradigmas y liberarnos de conceptos que no nos permiten salir adelante, dejar de lado limitaciones que en la práctica no funcionan, al menos aquí. Otra cosa es ¿Cómo hacemos para educar en dos años a un millón de analfabetas? Y que al momento de emitir su voto para presidente, alcaldes o diputados, lo harán por quien tenga más vallas publicitarias, la canción más chusca, quien le regale una lámina o cien quetzales; es decir, “firmitas” tipo Sandra Torres o un Manuel Baldizón. ¿Cómo logramos que la educación sea verdaderamente una política de Estado?

Limitar ciertos derechos políticos en cuanto a exigencias de un perfil para optar a un puesto público no elimina la democracia. Pero seguir dando rienda suelta a los excesos y libertinaje que se dan en este país tampoco lo es. Somos una democracia en teoría, pero en la práctica, un Estado fallido.

Esa es nuestra realidad y más allá de toda la teoría política (la República de Platón, Aristóteles, Sócrates, Montesquieu…) debemos reconocer que esta filosofía no funcionó en la realidad guatemalteca, por lo que estamos en un desfase entre doctrinas que nos engrilletan y “supuestamente” no nos permiten hacer cambios eficientes, optando por un sistema disfuncional que nos aniquila.

Al menos el 70% de la población vive sumida en extrema pobreza e ignorancia y las reformas a las leyes deben hacerse adaptándose al entorno real del país.

Resolver un gran problema puede llegar a ser una tarea simple, si se tienen claros los objetivos y la agenda. Y aunque los politiqueros se nieguen a retirarse del escenario, creyéndose dueños de la verdad y expertos juristas o súper todólogos, solo sirven para enredar las cosas.

Guatemala es una nación que a nivel mundial ya ha demostrado ser capaz de innovar y una muestra de ello es la Cicig. Recordemos que las amenazas que se presentan en el siglo XXI son muy diferentes a las de 50 años atrás, es decir, hoy debemos enfrentarnos al terrorismo, narcotráfico y corrupción. Debemos atrevernos a proponer nuevos planteamientos sin temor a que nos callen o nos tilden de ilusos. Recordemos que los grandes hombres que cambiaron al mundo con sus ideas, una vez fueron tachados de locos.

Después este Congreso debe aprobar lo que se decida en las mesas de diálogo integradas por verdaderos representantes sociales. Obviamente eso significaría para ellos la cárcel o la tumba de su oscura carrera politiquera. De cualquier manera el pueblo debe presionar hasta lograr los resultados que se necesitan.

Estos cambios no deben hacerse a la ligera ni por salir del paso; cambiar leyes que no van a resolver el problema de fondo no sirve de nada. En último caso si los cimientos son malos, no hay que descartar empezar de cero.

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