Hoy no hablaré sobre el agua o el cemento, sobre si son vinculantes o no las consultas populares o sobre la tensión existente entre la empresa cementera y las 12 comunidades maya kaqchikeles que se oponen a ella en San Juan Sacatepéquez desde el año 2006. Eso ya lo hizo Francisca. Yo quiero hablar sobre lo que significa hablar y callar en un país como Guatemala, donde hace apenas dos semanas escuché algo que creía que ya no se decía por aquí: que en otros países donde los indígenas habían sido arrasados o relegados a espacios en clave de apartheid estaban mucho mejor que nosotros.

Por ello, es importante que Francisca Gómez cuente hoy con un espacio de opinión para expresarse públicamente en un medio de amplia circulación nacional. Eso era impensable hace algunos años. Sin embargo, ese solo hecho no basta para decir que aquí se trata igual a indígenas y ladinos o que la discriminación es cuestión del pasado. Eso le maquilla el rostro a una democracia incipiente, pero no es la democracia. ¿Cómo que no? preguntarán algunos. Ahora les cuento por qué no.

En reacción a la columna de opinión de Francisca, la empresa cementera puso una denuncia en su contra en un juzgado del Ramo Civil de Guatemala. Lo raro es que la denuncia presentada le llegó cuatro meses después de haber sido puesta. Nadie le notificó sobre audiencia alguna, lo cual buscaba seguramente asegurar que su ausencia fuera en su contra en esto que llaman proceso, pero que en verdad es una falsa justicia. Algo así como el “me gustas cuando callas porque estás como ausente”…

Estas irregularidades se comenzaron a dar desde el 29 de mayo del 2013, y las notificaciones quedaron registradas en las siguientes fechas del mismo año: 18 de junio, 12 de julio, 28 de agosto y 13 de noviembre. Sin embargo, solo hasta el 27 de noviembre recibió Francisca una notificación del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala. En ella, la empresa cementera le pide presentarse al Juzgado para “Una prueba anticipada de declaración jurada y reconocimiento de documentos”. Todo, para preparar juicio posterior en su contra. Entre toda la nebulosa que tiende este caso, llama la atención que las anteriores notificaciones indicaban una fecha para que ella se presentara al Juzgado, mientras que en la última no se había señalado fecha ni hora.

¿Hasta dónde entonces la libertad de expresión, quiénes la ejercen y cómo se ejerce? ¿Qué tienen que ver palabra y justicia en un país donde tantos hablan el español como segundo idioma? El silencio de unos y el habla de otros es el termómetro de una sociedad que no está acostumbrada a la polifonía. Esto se teje siempre en complicidad entre los gobiernos de turno, los capitales transnacionales y sus socios locales, o las empresas nacionales. Una cosa es el ordenamiento de una sociedad para que se exprese, dialogue e interactúe en armonía; otra es el control social, la limpieza social, o la criminalización de quienes se expresan en desacuerdo al estatus imperante por medio del abuso de poder y de la fuerza, con el fin de mantener bien cuidadas las puertas del capital.

Llevamos años pidiendo que se hable en vez de que se proteste, y cuando eso sucede, están los de siempre usando —incluso— los mecanismos del sistema, para silenciar y atemorizar a quienes se han atrevido a hablar. Hablar o no hablar, esa es, entonces, la cuestión.

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