Al especular sobre cuánto de lo defraudado podría haber resuelto cualquiera de las necesidades fundamentales de la población, como escuelas, centros de Salud, institutos vocacionales, caminos, puentes, viviendas y todo lo indispensable para un país con vocación y ganas de salir adelante, resulta imperdonable la participación de algunas grandes empresas, nacionales y extranjeras. Los impuestos son en cualquier país del mundo un tributo para el desarrollo y participar en una defraudación de tal magnitud es, además de una bajeza, un acto de traición a la patria.

Para tener una idea, se calcula que en seis meses salió material por valor de unos Q285 millones de la explotación ilegal de jade en la Sierra de las Minas. Eso ilustra la profundidad del subdesarrollo que ha experimentado Guatemala durante los últimos decenios, aunque las cifras macroeconómicas digan lo contrario. Pero está a la vista y los índices de desarrollo social dan fe de su gravedad.

El jade robado no es lo único y tampoco los fondos desviados por los magos de La Línea hacia cuentas privadas o depósitos secretos. Hay mucho más y de una extensión difícil de cuantificar en sobresueldos, comisiones y manipulación de partidas, sin mencionar lo perdido a través de privatizaciones de bienes públicos.

Sería iluso afirmar que este expolio de las riquezas ha sido obra exclusiva de la actual administración. En realidad nunca ha existido mayor control sobre las decisiones tomadas en la cúpula gubernamental de ninguna administración. La ley ha sido tan flexible como permisiva con las transferencias y se abandonan proyectos esenciales para desviar esos fondos a campañas de imagen y compras fantasma. Se otorgan concesiones que comprometen al Estado con la simple firma de un funcionario, como es el caso de la explotación minera o las hidroeléctricas y se avalan proyectos agroindustriales capaces de destruir reservas naturales —con toda su fauna y flora— en cuestión de días.

Si existiera una visión de nación y los planes de desarrollo tuvieran como objetivo eso: el desarrollo, desde hace mucho Guatemala se contaría entre los países más pujantes del continente; no habría desnutrición crónica infantil, las mujeres no colapsarían a la hora del parto, niñas y niños tendrían escuelas bien equipadas con maestros capacitados, y la juventud no integraría pandillas ni huiría hacia el norte.

Es preciso hacer números reales de cuánto ha sido la pérdida del ejercicio. También es importante calcular cuánto se puede y debe recuperar de todo ese caudal inmenso defraudado al Estado y, por ende, al pueblo. A partir de ahí y con la consecuente aplicación de la justicia, reparar el daño causado y empezar de nuevo con la energía acumulada por tantos años de frustraciones y abuso.

En ese sentido, la justicia parece favorecer a quienes violan las leyes. Han pasado por sus salas de audiencias personajes clave de grandes redes de contrabando cuyas operaciones han representado mermas en los ingresos fiscales en cantidades alucinantes de quetzales. Luego de las capturas y la imposición de fianzas ridículas para otorgarles la libertad, el mensaje ha quedado claro y contundente: la corrupción paga, y paga bien.

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