El 22 de abril de 2015, se firmó la sentencia a muerte de la democracia hondureña. La Sala de lo Constitucional de este país revolvió ese día declarar inconstitucional el artículo 239 de la Carta Magna en el que se prohíbe la reelección presidencial. Esta sentencia, considerada por los expertos constitucionalistas como una violación al ordenamiento jurídico, admite la reelección indefinida, lo que ha permitido al actual presidente, Juan Orlando Hernández, lanzarse al proceso electoral y, probablemente, mantenerse en la presidencia hasta el 2022.

Dentro de los principales fenómenos en la historia reciente de Honduras y que dinamitan las bases de su democracia vale la pena mencionar cuatro. Primero, el golpe de Estado de 2009, que ha acelerado el debilitamiento de los organismos del Estado, cada vez más sordos ante el clamor social y con mayor opacidad para la rendición de cuentas. Segundo, la violencia contra defensores de derechos humanos. En el contexto de impunidad prevaleciente, son elevadas las intimidaciones y las tasas de asesinato de defensores de derechos humanos —como Berta Cáceres, Juan Carlos Flores y Nelson García—, periodistas, sindicalistas, líderes indígenas y activistas medioambientales y de la comunidad LGBTI. De acuerdo con la organización Global Witness, Honduras es el país del mundo más peligroso para el activismo ambiental. Entre 2010 y 2016 “más de 120 personas fueron asesinadas por oponerse a empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente”.

Tercero, la militarización social y las prácticas de limpieza social. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló recientemente su preocupación por prácticas de limpieza social y otras ejecuciones que implican a las fuerzas de seguridad, así como por el alto número de desapariciones forzadas sin resolver. También mostró inquietud por denuncias e informaciones sobre tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía, fuerzas armadas y otros funcionarios. Entre 2010 y 2017, el presupuesto de Defensa creció 153%, mientras los de Salud y Educación aumentaron en menos del 15%.

Cuarto, la prostitución de lo público en favor de intereses gremiales. Ejemplo de esto ha sido que sin un debate técnico y público se apruebe la creación de ciudades modelo —espacios productivos con autonomía administrativa y jurídica (un país dentro de otro)—, así como la concesión en condiciones poco ventajosas y hasta por 30 años de recursos del Estado. Ahora, en plena campaña electoral, el Gobierno ha propuesto una iniciativa de ley para apoyar al sector turístico. Además de nuevos y opacos privilegios fiscales se introduce la creación del Fondo de Turismo, muestra de corporativismo del Estado, en donde intereses privados podrán manejar recursos y decisiones públicas. La iniciativa también incluye la posibilidad de expropiar tierras que hoy son de propiedad privada o comunitaria, con el fin de promover inversiones turísticas. Esta medida podría legalizar el desalojo forzoso de pueblos indígenas y afro-hondureños de sus tierras, hoy en disputa frente a empresas e instituciones públicas.

Recientes estudios de InSight Crime y de la Carnegie Endowment for International Peace permiten comprender que la corrupción y la impunidad son el sistema operativo de Honduras, pues sobre estos se articulan actores de los sectores público y privado en estrecha conexión con redes criminales. Hay en Honduras un “pacto de élites” para la consolidación de una cleptocracia moderna, cuyo éxito asfixia la democracia y el desarrollo de las y los hondureños.