al Estado de Guatemala “suspender la explotación minera del proyecto Marlin I y además las actividades relacionadas con la concesión alegada (…) e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental…”.

Año y medio después, el Estado guatemalteco envió información adicional sobre el caso y la Comisión dejó sin efecto la solicitud de suspensión y pidió al Estado adoptar “las medidas necesarias para asegurar que los miembros de las 18 comunidades mayas beneficiarias tengan acceso a agua potable apta para consumo humano, doméstico y segura para el riego”. Esto no ha ocurrido.

Aunque la empresa inunde con anuncios publicitarios la televisión y la radio, las familias de Sipakapa y San Miguel viven un calvario y padecen las consecuencias directas de la explotación minera. Imagínese por un momento que en el medio de su colonia o a la vecindad de su condominio se instale una mina y que a pesar de la negativa de los vecinos, los empresarios comiencen con la explotación de metales provocando todo tipo de contaminación y efectos dañinos para la salud de sus hijos. Seguramente usted utilizaría todos los recursos legales a su alcance para detener una actividad que trae tantos perjuicios.

La CIDH volvió a pronunciarse en este caso y reiteró que se están violando los derechos de las comunidades de los dos municipios. Entre éstos: el derecho de propiedad colectiva, el de igualdad ante la ley, el de protección judicial, el derecho a la salud y también el derecho a la consulta. En el año 2005, en Sipakapa se efectuó una consulta comunitaria y el resultado fue negativo a la explotación minera.

La Comisión le ha dado al Estado tiempo adicional para cumplir con lo requerido y garantizar la salud y la integridad de las más de 50 mil personas que están siendo afectadas. Un nuevo incumplimiento acarrearía la posibilidad que el caso fuera presentado ante la Corte Interamericana.

Resulta increíble como el Estado en lugar de proteger a sus ciudadanos, se arriesga a ser condenado y se pone a defender a una empresa minera que contamina y perjudica la vida y la salud de la gente. Ni siquiera existe la justificación económica, porque las regalías que se pagan, comparadas con las millonarias ganancias que la minera recibe, son migajas.

La justicia nacional les dio la espalda, el Sistema Interamericano los acogió pero sus procedimientos son tan lentos que los pobladores se acercan a casi una década de atropellos. Quisiera creer que el Estado cumplirá con lo que la Comisión le requiere, pero mis esperanzas se esfuman cuando veo al presidente inaugurar con bombos y platillos otra mina en Izabal.