Por si quedaba alguna duda, el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva del Congreso y el informe presidencial del segundo año de gobierno de Jimmy Morales la despejaron. El pacto de corruptos está vigente y en su máxima expresión.

El acuerdo tiene como objetivo común detener la lucha contra la impunidad y preservar un sistema político y económico anacrónico y patrimonialista, sostenido sobre las bases de la corrupción y los privilegios. El pacto alcanzado, sin embargo, necesitó también de la estrategia de la chequera —símbolo inequívoco de la vieja política— para lograr cuajar.

Lo mismo hicieron en 2016 para cambiar la configuración del Legislativo y ensanchar sus bancadas por la vía del transfuguismo y, en 2017, para impulsar una batería de leyes pro-impunidad que tuvieron que derogar luego de otra multitudinaria movilización ciudadana.

Por eso dio pena ajena escuchar el discurso de despedida del diputado Óscar Chinchilla, aludiendo a su inequívoco apoyo a la lucha contra la corrupción, cuando fue durante su presidencia que se gestó el pacto de corruptos.

La integración de esta nueva junta directiva muestra con crudeza y sin disfraces la alianza de los sectores pro-impunidad, representados en cada uno de los puestos: el sector económico tradicional, el emergente, los militares de la contrainsurgencia y los operadores de los políticos presos/prófugos vinculados con redes de corrupción. Esos a los que Arzú Jr. definió como “los que encaran las realidades y actúan en defensa de sus valores y de las buenas costumbres”, que viene siendo una manera políticamente correcta de nombrar al statu quo y sus privilegios.

Su discurso impregnado de intolerancia y prepotencia —como buen hijo del adelantado— muestra, además, cómo en este país surrealista los sectores más conservadores asumen “el cambio” y la “incorrección política” como fórmula para mantener su sistema de privilegios e impunidad y nos acusan a quienes promovemos la transformación de “políticamente correctos”.

Pero el centro del discurso del junior fue la afirmación sobre que “el futuro de la política guatemalteca se juega en este recinto”; refiriéndose claramente al futuro de la vieja política que se niega a desaparecer. Por eso la segunda batalla (no anunciada) será lograr que el presidente Morales denuncie el acuerdo que da vida a la Cicig y el Congreso lo ratifique. Pacto de corruptos recargado.

En la misma línea, Jimmy Morales, que como no podía ser de otra manera inició con una referencia bíblica para victimizarse, aludió en un discurso aprendido de memoria —al mejor estilo de un guion de Moralejas— a las “presiones mediáticas y fácticas” que no le permiten avanzar y a la “justicia que no es imparcial” que atenta contra el estado de Derecho (el suyo y el de su familia, por supuesto).

Su alocución es el mejor ejemplo de lo que ahora se conoce como la “posverdad”, que no es otra cosa que la construcción de una realidad paralela que solo se sustenta en el discurso.

En la Guatemala de Jimmy Morales, él es un estadista que combate la corrupción a través del gobierno electrónico y hace política internacional de dimensiones globales dejando de alquilar una casa para un consulado y apoyando el traslado de la capital de Israel junto a la Micronesia, Togo, Nauru y las islas Marshall.

Su mayor debilidad —aunque él piense que es una fortaleza— es envalentonarse al escuchar los aplausos devenidos de un pacto de corruptos en un recinto legislativo custodiado por kaibiles.

@MarielosMonzon