La crisis política que estalló a partir del 25 de abril tiene resultados claros: el fortalecimiento del sistema de justicia, avances parciales en el ámbito de las sanciones políticas, y el deterioro de la credibilidad de las elecciones del 6 de septiembre. La acción del Ministerio Público, apoyado por Cicig, fue el detonante de la movilización social iniciada el 25 de abril al informar sobre la corrupción de La Línea una semana antes. Generó una dinámica de protesta social totalmente imprevista, con reivindicaciones a las cuales tuvieron que sumarse la Embajada de los Estados Unidos y el Cacif, e incluso la Corte de Constitucionalidad y el propio Congreso. Ante ello la vicepresidenta renunció. Fue una primera sanción política de la corrupción; un primer atisbo de justicia.

El MP y Cicig descubrieron focos adicionales de corrupción en el IGSS, e indicios de corrupción motivaron la salida de cuatro ministros. La credibilidad de la justicia se fortaleció. Lamentablemente la embajada norteamericana estableció límites al proceso de cambio al apoyar al presidente en un momento crucial y evitó su sanción política. Y la protesta social ya no fue suficiente para revertir esta situación.

Pero las investigaciones del MP y de Cicig continuaron. Se extendieron primero a los diputados de Líder y luego a su candidato vicepresidencial, y el informe de Cicig sobre el financiamiento de la política amplió lo potencialmente ilícito a casi toda la clase política nacional. El avance de la justicia contribuyó así a erosionar la credibilidad de las elecciones del 6 de septiembre: el partido favorito en las encuestas resultó un ejemplo paradigmático de la corrupción del sistema político y quedó claro que la forma en que se han financiado las campañas electorales representa una violación de la ley.

El movimiento social, mientras tanto, se concentró en la búsqueda de reformas electorales, pero en el Congreso convirtieron las eventuales y luego diluidas reformas electorales en una carta de negociación: la jugaron a cambio de atrasar la votación dirigida a quitarle la inmunidad al Presidente. De nuevo retrasaron la sanción política de la corrupción.

Las perspectivas son variadas. Primero, la acción del MP está fortaleciendo la credibilidad del sistema judicial. La asistencia del embajador de los Estados Unidos al reinicio del juicio de Ríos Montt da un mensaje que es claro: el sistema judicial debe ser apoyado para garantizar su independencia. También lo es el mensaje de que los dirigentes de Líder debieran acudir a los tribunales y no a las calles para defenderse. Segundo, no se observan avances en el ámbito político. Las elecciones no resuelven los problemas y la salida del Presidente, que podría dar paso a un gobierno de transición constitucional, depende de dos procesos inciertos: de una administración norteamericana cuyos más recientes apoyos a la justicia y a la sociedad civil abren la posibilidad de que su respaldo del Presidente se debilite, y de una mayoría de diputados que todavía no reconoce el costo político de no quitarle la inmunidad al Presidente.

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