Una jueza puede manipular la justicia en Guatemala, manipularla e interpretarla a su antojo, hasta el grado que le dé la gana, si tiene el atractivo de los reflectores y las tarimas internacionales respirándole en la nuca, moviéndole, como el hechizo de un hipnotizador, preseas de un lado al otro desde los banquillos en la sala de juicios.

Hoy en día, congraciarse con la tournée internacionalista de los derechos humanos es el atropello más atroz de los humanos derechos de los militares guatemaltecos, que por obligación y por ley defendieron al país de la guerra subversiva. Hoy, 30 años después, se encuentran asediados, perseguidos y algunos de ellos, guardando prisión.

El temita, reiterado a morir, es que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben”. Insistiendo ellos, los mutiladores de los derechos humanos, que aunque se presenten huesos 30 años después medio deshechos, excavados sin ninguna supervisión del Inacif —el ente oficial a cargo de las investigaciones forenses— por una ONG fundada por exguerrilleros simpatizantes y con vasos comunicantes con el movimiento de derechos humanos socialistoides, que toda esa prueba documental, esos testigos falsos mal entrenados, pillados en innumerables falsedades y contradicciones, es suficiente para iniciar juicio y capturar a oficiales retirados del Ejército.

Y como dejarlos en libertad condicional no es aplaudido por los mueve pitas internacionalistas, entonces mejor que se pudran en la cárcel para lograr lo antes posible la condena y ser, estas juezas, las heroínas que recibirán medallas y vanaglorias en Washington y demás corrillos afines.

Ha llegado a tal punto la ofensiva, que se presentan sin ningún recato a los juicios para sentarse en primera fila, enviando el mensaje alto y claro de que apoyan a las juezas y “que más les vale someterse a la presión, so pena de manchas que afectarán sus carreras y aspiraciones de nombramientos futuros en las comisiones de Postulación…”

La justicia y el debido proceso ya no cuentan. Tómese por ejemplo lo que está pasando con el juicio de Ríos Montt, que a pesar de que fue declarado en estado de “interdicción” por el Inacif —y por orden de un juez— es decir, que es incapaz para enfrentar un juicio penal, y por tanto se ha quedado sin materia la aplicación de medida de seguridad, la jueza María Eugenia Castellanos Cruz aseveró que “la interdicción es de carácter civil y no aplicaba en lo penal…” ¿Cómo?

Después, para ganar tiempo, la jueza Castellanos ordena que se lea el Plan Sofía completo ¿? palabra por palabra, pero ordena que se salten de la página 160 a 181, por estar ilegible…

La jueza Castellanos manifiesta en sus resoluciones, y así lo dice, que en este juicio “se están respetando los derechos de las víctimas” y lo recalca, implicando con esto que no importa que los acusados sean afectados, “ella vela por las víctimas”.

Por supuesto que la jueza Castellanos sabe perfectamente que este juicio, como el de la jueza Yassmin Barrios, al final llegará a la Corte de Constitucionalidad, y su sentencia, que ya la tiene escrita, será anulada, pero para mientras tendrá sus 400 días de exposición y vanagloria mediática. Saldrá incontables veces en la televisión y en los medios escritos. Y será recompensada. Quizás con alguna medalla de la señora Obama; o alguna de la Hillary Clinton, o tantas otras ONG que “necesitan”, como Caldh, que se gane el juicio de genocidio a como dé lugar. Serán famosos, serán premiados con jugosas donaciones, y el estúpido y perverso precedente seguirá vigente, defecando reiteradamente sobre los acuerdos de paz, las amnistías y la carabina de Ambrosio.

Y continuará la guerra y estarán contentos…

alfredkalt@gmail.com