En 2010, ante el manifiesto deterioro de La Antigua Guatemala, las asociaciones Salvemos Antigua (de vecinos) y Diego de Porres (de Arquitectos e Ingenieros) prepararon un informe documentado con reportes sobre proyectos atentatorios a su conservación, Dictamen del Colegio de Arquitectos sobre la alteración de sus valores urbanos, históricos, artísticos y arquitectónicos; artículos de prensa y boletines, y denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público (MP), sobre obras que degradan la histórica ciudad. El informe fue dirigido a la oficina de Unesco en Guatemala y Delegación de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura y Deportes, solicitando atenderla y encausarla a la correspondiente instancia de aquella importante organización mundial. Se entregó copia en la delegación de Patrimonio Mundial para América Latina, en París.

A lo largo de los siguientes seis años se puso en autos a los diferentes ministros de Cultura y Deportes, sin ningún resultado, excepto durante el gobierno de transición 2015-16, cuando la ministra Ana María Rodas obtuvo el aval de la directora del Centro del Patrimonio Mundial, Mechtild Rössler, para el envío de una misión técnica de evaluación. Mientras llega, la ciudad sigue perdiendo legitimidad como conjunto histórico conservado del siglo XVIII. La autenticidad y originalidad que permitieron que en 1979 Unesco la incluyera en la lista del patrimonio mundial están desapareciendo, poniendo en grave riesgo su permanencia en tan alto escaño.

Su descuido es tal que las mismas asociaciones indicadas, en diciembre de 2014, denunciaron en el MP el continuo robo nocturno de piedras labradas de las gradas de los atrios, como de bordillo de banquetas, lo mismo que las denominadas cintas que definen el arroyo y cajones de sus empedrados.

Se solicitó investigar el origen de esa depredación y su destino, pues es sabido que gozan de demanda en la construcción de casas en esta ciudad. La investigación no produjo ningún resultado.

En reiteradas oportunidades, vecinos y organizaciones cívicas han denunciado ante la actual administración municipal que durante el proceso de bacheo un porcentaje de las piedras originales son sustituidas por nuevas, sin que medie explicación oficial alguna. Los trabajadores, sin ruborizarse, responden que como ya están viejas, deben ser cambiadas.

Actualmente, cuando la Municipalidad tiene en curso un plan de cambio de la red de distribución de agua, ese saqueo toma otra dimensión. En todas las calles se abren zanjas. El primer paso es levantar las piedras —de cinta y quebradas—, poniéndolas al lado de la zanja que de inmediato —segundo paso— se abrirá. Luego se colocan los tubos de PVC, se rellena la zanja y se compacta a mano, con lo que sobrará una considerable cantidad de tierra. Mientras tanto, el encargado de suministros ya llevó piedra nueva; cal, cemento y talpetate para preparar la mezcla. Como último paso, se coloca la piedra. La novedad es que la piedra levantada en el primer paso permanece a un lado, junto a la tierra sobrante, que de inmediato serán recogidas. El destino de la tierra es intrascendente.

Pero las piedras desechadas, que a la escala del trabajo en curso representan cientos de metros cuadrados, es algo que sí debe importar, sobre todo a la Alcaldesa y miembros del Concejo. La fantochada de cambiar las piedras por “estar viejas”, para alguien representa un gran negocio, en detrimento de la ciudad y su calidad como ciudad histórica conservada, entre cuyos valores están precisamente sus empedrados. En otras palabras, ese desvalijamiento es causal de delito.

¿Y el Consejo de Protección?

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