Un estudio que revisé recientemente señala que, al ritmo que lleva el incremento en el financiamiento público de la salud, Guatemala cumpliría con la meta de dedicar alrededor del 6% del PIB a este rubro —parámetro recomendado por la Organización Panamericana de la Salud— allá por el año 2069. Llevaría más tiempo todavía, si el estudio tomara en cuenta todo el dinero que durante todos estos años nunca llegó a convertirse en servicios a la población sea por los elevados precios que se pagan por los medicamentos y tecnología médica; por la corrupción generalizada, el clientelismo político que ha hecho del MSPAS su botín y por los acuerdos espurios que se han fraguado entre autoridades ministeriales y líderes sindicales, que toman la figura del Pacto Colectivo como fachada para negociar privilegios y prebendas para sí.

En el caso de salud, estas prácticas literalmente cuestan vidas, dejan secuelas de enfermedad y daño muchas veces irreparable. Es una de las áreas de la gestión pública donde más claramente queda establecido que la corrupción sí nos afecta a todos directamente.

Por esa razón, fue muy importante que esta semana se capturara a varios de los implicados en la suscripción de ese Pacto Colectivo, negociado y firmado en el 2013, en un período donde se gestó la crisis de desabastecimiento más grande que ha enfrentado la institución en toda su existencia.

La denuncia, hecha ante el Ministerio Público desde el 2015 por el exministro Luis Enrique Monterroso, se “conexó” posteriormente con denuncias que hicieran el diputado Villate y luego el exministro Mariano Rayo, quien logró que la Procuraduría General de la Nación acuerpara las denuncias y vinculara al Ministerio de Trabajo en el proceso, ya que los sindicalistas demandaron al MSPAS por incumplimiento de este Pacto Colectivo. Cabe destacar que el Pacto no tuvo tampoco dictamen previo favorable del Ministerio de Finanzas antes de ser firmado.

Se esperaría que una vez se cumpla el proceso judicial, y de ser hallados culpables, el Pacto Colectivo pueda ser anulado de inmediato por contravenir la ley, y que eso despeje de una sola vez la posibilidad de construir una política salarial clara y coherente dentro del MSPAS, que acabe con esas prácticas anómalas de contrataciones disfrazadas, y negociaciones salariales sin sustento técnico y financiero.

Por otra parte, no se puede olvidar que este asunto no se arregla solo con determinar la culpabilidad o no de los implicados, incluido al prófugo exministro Villavicencio, a quien hago un llamado a que se entregue a la justicia y dirima su situación, y anular el Pacto.

El hecho es que hay una necesidad real de hacer una revisión a fondo de todo el sistema de servicio civil para que la meritocracia impere. Sin embargo, no se trata solo de quién accede a ser servidor público y bajo qué reglas, sino la discusión debe incluir la ley y política salarial y también una discusión fiscal, pues sin más recursos, esto no se arregla, por más mérito que procuremos. Creo también pertinente que se revise cómo se regulan las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, pues esta dinámica está presa de las prácticas clientelares y corruptas que destrozan al Estado.

Tomó tres años y medio llegar hasta este momento, pero puede ser clave, ahora que los médicos están nuevamente reivindicando el incremento salarial que les había sido prometido a final del 2018. Deben tener mucha precaución y asesorarse bien sobre qué negocian y cómo. Las demandas son legítimas, pero solo deben negociarse dentro del margen de la ley. ¡Sean ustedes, más bien, quienes detonen la exigencia de una revisión de fondo del sistema de servicio civil!