En numerosos pueblos, más de los que podría esperarse, estallaron disturbios, algunos de gravedad, poco después de conocidos los resultados de varias elecciones de alcaldes, efectuadas el 6 de septiembre. Pero, no hay una protesta general por el resultado de las elecciones de presidente de la República, vicepresidente y diputados, aunque es aquí donde podría explicarse una repulsa, amplia y justificada, no solo contra los resultados electorales sino contra la corrupción de todo el proceso electoral.

El proceso estuvo corrupto desde el principio. Uno entre varios ejemplos es la selección de aspirantes a candidatos que tienen un dudoso y oscuro pasado y por lo tanto están legal y moralmente inhabilitados para participar en contiendas electorales.

¿Qué otros vicios pueden ser señalados? La participación de candidatos que no cumplían el requisito de haber obtenido con tiempo el finiquito de ley —documento que en nuestro país es extendido por la Contraloría General de la Nación en el que se hace constar oficialmente que un candidato a cargo de elección popular no tiene reparos por la administración de fondos públicos que ha tenido a su cargo.

En nuestro país el Tribunal Supremo Electoral extendió la obligación de presentar el finiquito a todos los candidatos, aunque no hubiesen manejado nunca dineros públicos.

Es el finiquito algo que atañe a la honorabilidad personal. Sin embargo, en la prolongada contienda, antes del momento de la solicitud de inscripción de candidatos, la opinión pública vio con asombro la participación de personas que habían sido sentadas en el banquillo de los acusados, por apropiarse dinero perteneciente al erario público o que lo habían recibido por otros motivos para beneficio de la población y, en cambio se lo habían embolsado.

Otros casos que alarman e indignan a la opinión pública son los de los autores de horribles crímenes —procesados y absueltos dolosamente— y que sin asomo de arrepentimiento por su pasado criminal, intentaron tener la oportunidad de dirigir al país entero. Las autoridades electorales impidieron esa afrenta a los potenciales votantes.

Hay, en fin , una generalizada corrupción en el sistema guatemalteco de partidos políticos, según lo ha constatado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, órgano de las Naciones Unidas que ha principiado a ocuparse de esa materia.

En su informe divulgado en julio pasado, la Cicig declaró que “la corrupción es la principal fuente de financiamiento de las organizaciones políticas de Guatemala”, y añadió que “el crimen organizado también está metido; se han documentado ya unos pocos casos y desde fuentes secundarias se han identificado relaciones entre grupos criminales y políticos, con apoyo a candidatos presidenciales, con financiamiento indirecto a cambio de información y protección”.

Así que no hay que hacerse ilusiones. Unas elecciones pueden ser ordenadas, correctas, perfectamente legales, con muy pocos asesinatos políticos previos e incendiarios disturbios posteriores; pero, eso no garantiza que los ciudadanos electos sean un dechado de virtudes, como la población quisiera que fuesen, debido a que la corrupción actúa en algunos partidos políticos, sin que los votantes se den cuenta; no obstante lo cual hay quienes repiten cada cuatro años el estribillo de que los eventos electorales son en Guatemala fiestas cívicas. Son fiesta, sí; pero, para los delincuentes que aportan dinero sucio en apoyo a sus candidaturas preferidas. Para ellos la danza de los millones se prolonga cuatro años, con derecho a todas las repeticiones que les sean permitidas por el voto popular. Y vistas así las cosas, las elecciones por muy pacíficas y civilizadas que sean, crean en la población una difusa ficción de que las cosas cambiarán para mejorar.

Así es la cosa. No hay vientos de un cambio verdadero.