Durante esta última semana se precipitaron las acciones del grupo proimpunidad encabezado por Jimmy Morales y su círculo cercano, para dar la estocada final a la Cicig.

La obsesión del comediante devenido en presidente contra la Comisión Internacional y, particularmente, contra el comisionado Iván Velásquez inició a raíz de las investigaciones contra su hijo y su hermano, y arreció cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP solicitó el retiro de la inmunidad del mandatario por un caso de financiamiento electoral ilícito del partido FCN Nación.

A partir de ahí, toda la maquinaria gubernamental se puso en marcha con un único objetivo: frenar a toda costa las investigaciones en las que están involucrados Morales, su familia y sus aliados más cercanos. El mandatario convirtió su situación personal en una cuestión de Estado y, en su afán por salir bien librado, está dispuesto a enterrar el frágil estado de Derecho que hemos construido.

El presidente alega razones de seguridad nacional, violación a la soberanía, falta de respuesta a sus quejas ante la Secretaría General de la ONU, polarización de la sociedad y un largo etcétera, cuando en realidad lo que subyace es su interés particular por salir indemne y garantizar —para él y los suyos— impunidad.

A esta cruzada personal de Morales —que a estas alturas ya adquirió rasgos mesiánicos y delirantes— se unieron los más variopintos personajes que tienen como denominador común el odio acérrimo contra este grupo de fiscales, investigadores y abogados que fueron capaces de develar a las redes —políticoeconómicas— criminales que tienen capturado al país.

El show que montó el gobierno, con el presidente como anfitrión, al mejor estilo del programa televisivo Señorita Laura —¡qué pase el desgraciado!—, desnudó con toda crudeza que Morales y su rosca no tienen límites. Convertir el palacio de gobierno en un tablado y justificar una “decisión de Estado” —a partir de los dichos de perseguidos y condenados por la justicia— no solo fue vergonzoso, sino deplorable. Intentar defenestrar a los tres magistrados del tribunal constitucional para garantizar una CC a su medida, es el paso final de la regresión autoritaria.

Con estas decisiones del gobierno, el que pierde no es un comisionado, ni un grupo de investigadores o fiscales internacionales; tampoco pierde un secretario general de un organismo multilateral o las y los ciudadanos que apoyamos la permanencia de la Comisión Internacional. No es eso lo que está en juego.

El desprecio a la institucionalidad del Estado, la desobediencia a las resoluciones judiciales, el irrespeto reiterado a la Constitución y los ataques a jueces, juezas y magistrados independientes atentan contra la democracia y fortalecen el pacto de impunidad de los poderosos, en detrimento de la población en general, pero sobre todo de aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad. Porque la corrupción se traduce en hambre, enfermedad, migración forzada, violencia, miseria y desnutrición.

El verdadero dilema no es si Cicig o no Cicig. La disyuntiva es entre democracia o autoritarismo, justicia o impunidad. Por eso el llamado de más de 60 organizaciones sociales a defender la democracia en unidad, por eso la organización de diversas movilizaciones a escala nacional en defensa de la libertad y la justicia. El llamado es a no dejarnos llevar por la indiferencia ni dejarnos vencer por el miedo.
Termino robándole unas palabras al poeta que nunca se rindió: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño”.