Una de las instituciones técnicas que participa en el desarrollo de investigaciones para sustentar el trabajo que realizan la Cicig y el MP es la Contraloría General de Cuentas. Considerando también que este ente depende en gran manera de quien lo dirige para ser útil y funcional, la pregunta entonces es: ¿Quién fiscaliza al fiscalizador?

Es importante estimar que en las últimas investigaciones del caso La Línea se ha mencionado varias veces el nombre del contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, y que las personas que integraban esa estructura criminal se referían a él con el alias de el Cardenal, situación que debe investigarse, por la importancia del puesto que ocupa esta persona.

Debe comprenderse que la moralidad y transparencia de este funcionario es vital para la persecución de actos de corrupción de todas las instituciones del Estado. Hasta hoy el trabajo de la Contraloría ha sido opaco, valorando el papel protagónico que debería jugar en la lucha contra la corrupción.

Otro hecho que ha causado malestar es la acusación de EE. UU. en la cual se involucra a Roxana Baldetti y a Mauricio López por delitos de narcotráfico. Estos hechos no sorprenden a nadie, ya que del grupúsculo de expatrioteros se puede esperar cualquier cosa. La imagen que ahora debemos proyectar al mundo es de ser un narcoestado.

Lo mejor que puede pasarle a Guatemala es que estas personas sean extraditadas, para que no sigan dándose la gran vida en las cárceles chapinas, y paguen todo el daño que le han hecho al país.

Por otro lado miramos a nuestro actual presidente atormentado, despotricando todas sus frustraciones ante los medios de comunicación, hablando de teorías de la conspiración. Hasta hoy —como dijo el comediante Adal Ramones acertadamente— “Jimmy Morales ha hecho… eh… eh… eh”. Es decir, señor Presidente, ¿Cuándo piensa empezar a trabajar?

Y así podría seguir mencionando el caso de magistrados, jueces, presidentes, vicepresidentes, diputados, ministros, alcaldes, etc. Que viven en su mundillo paralelo, haciendo de las suyas y hundiendo al país en la más absoluta pobreza.

Nuestro sistema tiene serias fallas que permiten subterfugios legales para que la corrupción y la impunidad continúen. Por lo que es necesaria una reestructuración al sistema que ponga límites a quienes ejercen el poder.

Existe un adagio que dice: “el poder corrompe” y es evidente que en nuestro país, los funcionarios tienen un serio problema cuando lo alcanzan, porque solo llegan a enriquecerse y servirse del puesto que ocupan, o simplemente se cruzan de brazos sin hacer su trabajo y se dedican a gozar las mieles del poder. De cualquier manera hay delito, por acción u omisión.

Lo ocurrido a los funcionarios que están en la cárcel es un buen mensaje para quienes actualmente trabajan para el Estado y que están más concentrados en ver cómo hacen “negocios” que en hacer un buen gobierno. Mientras tanto seguimos sin hospitales, escuelas, seguridad y carreteras. Pero el mensaje es claro: “Aunque tarde, la justicia sí llegará”.

En la medida en que la población no tolere situaciones que generen una imagen pública impropia, corrupta o inmoral de cualquier tipo, entonces empezará a mejorar el panorama general de nuestro país.

Si usted es propietario de una empresa y los empleados no funcionan, simplemente los despide. Entonces, aquí tiene que quedar claro que los funcionarios gubernamentales deben ubicarse y empezar a trabajar bajo nuevas reglas: observar, escuchar, comprender, dar cuentas, comunicar, relacionarse, sofisticar, coordinar los esfuerzos y dar resultados visibles. Y si no les gusta, que renuncien y abran su propia empresa, pero con su propio dinero.