Nunca antes en Guatemala se había prestado tanta atención al desarrollo de los procesos penales. Las investigaciones de Cicig y el MP, que llevaron a numerosos funcionarios ante los tribunales, permitieron que la sociedad conociera a profundidad cada una de las fases procesales y fuera entendiendo roles y procedimientos.

La cobertura mediática que incluyó la transmisión en vivo de las audiencias del caso la Línea y los programas de análisis en los que se continúa informando y debatiendo sobre los hallazgos, las pruebas y las implicaciones de los delitos en los casos Redes y Negociantes de la Salud, entre otros, ha sido aleccionadora. No solamente despertó el interés de una ciudadanía que había permanecido apática respecto de lo que sucedía en tribunales, sino puso bajo la lupa al sistema y bajo el escrutinio público el actuar de los jueces y magistrados.

El caso Bufete de la Impunidad evidenció la práctica nefasta de la compra de voluntades y la connivencia entre grupos de abogados e integrantes de judicaturas para dictar resoluciones “a la carta” y negociar impunidad. Evidentemente los señalados no son los únicos profesionales que juegan sucio, tomará muchos años desmantelar estas redes criminales y de tráfico de influencias, y eso pasa necesariamente por cambiar el sistema. Se trata de la reforma profunda a la ley de carrera judicial y del cambio del nefasto sistema de designación de las altas cortes a través de las tristemente célebres comisiones de postulación.

Los grupos políticos que han tomado por asalto a la academia y a las asociaciones gremiales y convertido en un botín la designación de decanaturas y puestos en las directivas de colegios profesionales y tribunales de honor son parte de esta maquinaria que habrá que desmantelar. Lo importante es que el último proceso —gracias a la valiente actitud de Claudia Escobar y otras de sus colegas— dejó en evidencia el pago de favores políticos y las presiones hacia jueces y magistrados que vulneran su independencia.

No habrá otra forma de terminar con la corrupción y la impunidad que nos aqueja si no se garantiza que las cortes —desde un Juzgado de Paz hasta la misma Corte Suprema de Justicia y la de Constitucionalidad— se integren a través de procesos que garanticen independencia, honorabilidad e idoneidad. De nada serviría clonar a los buenos jueces si permanecen dentro de un sistema que facilita y propicia la corrupción y echa por tierra resoluciones apegadas a derecho en una instancia superior.

Quienes acuden al sistema de justicia no van en busca de venganza, sino de aplicación de la ley; no están pidiendo “ojo por ojo, diente por diente”. Están exigiendo que el Estado garantice que el delito que se cometió no quede impune y que los señalados afronten su responsabilidad. No importa si son crímenes recientes o del pasado, las víctimas tienen el mismo derecho de que se les haga justicia.

Los casos de corrupción, femicidio, violencia contra la mujer, los asesinatos de pilotos o las masacres y violaciones sexuales durante el conflicto armado interno, por citar solamente algunos casos, no pueden quedar impunes. Y no se vale separar en categorías la aplicación de la justicia y decidir quién tiene derecho o no a exigirla. Tan merecedora de atención es una familia que ha sufrido el asesinato reciente de un ser querido como miembros de una comunidad que padecieron vejámenes y ejecuciones masivas.

Ojalá lo ocurrido este año en el ámbito de la justicia nos lleve a entender que además de la corrupción hay otros delitos —algunos bastante más graves— que es necesario investigar y castigar.