Todavía no se sabe qué tipo de oposición enfrentará el gobierno de Jimmy Morales. Los partidos tradicionales y las organizaciones de la sociedad civil tienen tres opciones. La primera es que los diputados apoyen la acostumbrada política “de oposición”, reflejada en interpelaciones continuas y en el chantaje y la negociación oscura aprovechando el peso que tienen los partidos tradicionales en el Congreso. Si se unieran podrían abusar de su mayoría parlamentaria. Acudirían a prácticas similares a las adoptadas por el partido Líder y PP en el pasado. El resultado de esta política “de oposición” ha sido claro: una legislación maltrecha y un inmovilismo de los poderes Legislativo y Ejecutivo, como vimos durante los últimos meses del gobierno de Pérez. Pero esta estrategia enfrentaría una fuerte oposición. Incluiría al ojo alerta del Ministerio Público y de la Cicig y una ciudadanía vigilante, contraria a los diputados. Dos poderes acostumbrados a ejercer un poder de veto en Guatemala, el Cacif y la Embajada norteamericana, también se opondrían: ambos quieren que el nuevo gobierno, influenciado por ellos, tenga éxito.

Por ello es más probable una segunda opción, de apoyo al nuevo gobierno. Sería favorecida por el Cacif, la Embajada norteamericana y parte de la sociedad civil. Para los diputados pertenecientes a los partidos tradicionales más golpeados, participar en esta alianza de apoyo puede ser una salida que contribuya a “lavarles la cara”, al menos por un rato. Esto sería facilitado por el hecho que las posiciones de Jimmy Morales adoptadas durante las elecciones sugieren la implementación de una agenda vaga de políticas nacionalistas, conservadoras y pro-empresariales. También cabría esperar cierto rescate del Estado para que funcione.

La tercera opción para partidos políticos o para organizaciones de la sociedad civil sería ejercer una oposición al gobierno, no para extraerle concesiones o prebendas, sino para plantear alternativas que la ciudadanía tiene derecho a conocer y a evaluar como parte de la democracia. Esta podría ser una “leal” oposición, sin pretender boicotear o reventar el sistema político en el que se desempeña el nuevo gobierno. Se plantearía como alternativa viable ante políticas que se consideran que pueden fracasar o ser injustas. Podrían apoyarse ciertas iniciativas de beneficio colectivo, como asegurar un ordenamiento de la administración pública, especialmente si el nuevo gobierno muestra cierta autonomía frente a intereses privados. Pero el respeto tendría que ser mutuo. El gobierno tendría que evitar la propensión de algunos actores gremiales o políticos que lo apoyan a criminalizar a la oposición política y social.

Es natural que surjan divergencias motivadas por diferencias ideológicas, regionales o de otro tipo, en la medida que el combate a la corrupción se vuelva menos importante. Pero sería inaceptable inclinarse por la primera y tradicional opción de oposición, corrupta y de chantaje, dirigidas a obtener privilegios, como lo hicieron el PP y Líder. Ya es hora de buscar una nueva forma de hacer política.