La Navaja de Ockham o ley de la parsimonia tiene diferentes formulaciones e interpretaciones y una de sus formas más simples es: “En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Este no es un principio irrefutable, ya que puede ser que la explicación o teoría más compleja sea la correcta y, en todo caso, la evidencia y la razón son el verdadero árbitro. Además, como señala Robert Audi, la simpleza es un concepto ambiguo, y agrego, probablemente subjetivo. En el tema de marras quiero referirme a la Ley de Sutton, que considero conceptualmente emparentada a la Navaja de Ockham.

La Ley de Sutton enuncia que al diagnosticar se considere primero aquello que es obvio. Esta ley se enseña en escuelas de medicina: realizar primero aquellos exámenes que podrían confirmar —o descartar— el diagnóstico más probable. Esta ley se aplica tanto en Farmacología como la depuración de programas de computación y otros campos. Me parece particularmente simpático el origen de la Ley de Sutton. Este epónimo lleva el nombre de Willy Sutton, un ladrón de bancos que, supuestamente, cuando lo capturaron y un reportero le preguntó por qué había robado en el banco, este le respondió: “porque allí es donde está el dinero”. Es propio mencionar que en su libro Donde estaba el dinero (1976), Sutton negó haber dicho tal cosa. Por último, otro pariente de estos epónimos es el viejo adagio de galenos: cuando escuches cascos detrás de ti, piensa caballos, no cebras.

Evoco la Navaja de Ockham, la Ley de Sutton y el sonido de cascos, al observar el actual proceso para integrar a los miembros de la Corte de Constitucionalidad y al ver la lista de aspirantes para gobernadores departamentales. Es extensa y me pregunto ¿por qué tanta gente quiere ser gobernador? Pienso que la explicación probablemente es la más sencilla, el diagnóstico es el más obvio, y no son cebras.

Me considero un veterano y experimentado miembro de comisiones de postulación, ya que he participado en tres ocasiones, para elegir al contralor general de Cuentas, en 2006, 2010 y 2014. Claro que por una parte fue un honor, pero pesa más como un ejercicio desgastante, sin gracia o satisfacción, donde prevalece la frustración. Puedo dar fe de que el proceso de ninguna manera invita a participar a los profesionales más capaces y no resulta nombrado el más calificado. Es un proceso trasparente en el sentido de que se siguen al pie de la letra todos los pasos de ley y lo actuado es del dominio público. Es un pulso de poderes con transacción de intereses, guiado por la miel del poder, el control de recursos y el tráfico de influencias. Me consta, no me lo contaron.

Las comisiones de postulación son el resultado del “alto modernismo”, como lo describe James Scott (1998), esa arrogancia intelectual que cree que un comité de “sectores” o grupos de interés pueden discernir “técnicamente”, con tablas de gradación, la idoneidad y, de paso, evitar la politización. El proceso de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es del mismo molde: el presidente, el Congreso, la Usac, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados designan cada uno un titular y un suplente. Atrás están la “sociedad civil”, ONG y grupos de interés, “acompañando” el proceso y ejerciendo presión. En teoría, esto evitaría la politización del proceso, en la práctica, resulta todo lo contrario. No invita a los más calificados y tampoco los elige. Las comisiones de postulación y cuerpos colegiados llamados a nominar y designar, son procesos eminentemente políticos con disfraz de oveja.

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