La palabra ética proviene del griego “ethicos”, que significa “carácter”, lo que a su vez está relacionado con las decisiones de todo ser humano. Fernando Savater, escritor y filósofo español, la define como: “el arte de vivir”, “el saber vivir”. Por lo tanto, agrega: “El arte de discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad”. En consecuencia, la ética, generalmente, no es coactiva.

Por su parte, la ley es la norma jurídica establecida, precisamente, para su cumplimiento obligatorio, independientemente de la voluntad de los gobernados, por lo que el incumplimiento o violación de la misma conlleva la imposición de una sanción. En ese sentido, podemos afirmar que la conducta humana está sujeta a los límites que señala la ley, y a los postulados socialmente aceptados que enarbola la ética.

Se trae a colación este breve preámbulo, a efecto de analizar las decisiones de los funcionarios públicos que detentan las más altas esferas del poder, principalmente, cuando tales decisiones se refieren a la administración de los recursos económicos provenientes de los contribuyentes, y más aún, en tiempos de una aguda crisis económica. Y es ahí, precisamente, cuando el funcionario que tiene poder de decisión sobre el destino de los fondos públicos debe meditar sobre la conveniencia o inconveniencia del gasto, pues, reitero, está administrando recursos ajenos, los cuales debe invertir con la mayor diligencia posible.

Enfermos sin medicamentos ni cobertura médica, autopatrullas inservibles por falta de presupuesto para su reparación, condiciones infrahumanas para los guardias del Sistema Penitenciario, centros educativos semidestruidos, tramos carreteros en paupérrimas condiciones, entre otros, son circunstancias que todo funcionario público, con poder de decisión, debe meditar profundamente antes de destinar fondos para beneficios extraordinarios en favor de empleados públicos.

Estimo que nadie está en contra de mejorar las condiciones económicas de todo empleado, sea público o privado, pero en las actuales circunstancias es sencillamente inadmisible, precisamente, porque existen necesidades de suma urgencia en favor del bien común, léase la población en general, quienes claman porque sus elementales demandas sean satisfechas.

En tal virtud, la negligencia en el actuar de ciertos funcionarios públicos puede considerarse, en el ámbito de la ética, como “malversación de fondos”, toda vez que se desestimaron necesidades urgentes e impostergables en favor de los más necesitados, privilegiando rubros de menor importancia, aunque estén avalados en un renglón presupuestario, por lo cual, y en este contexto, debió prevalecer la ética sobre la ley, lo conveniente sobre lo conveniente.

En relación al tema, la Biblia, en Proverbios 10:4, reza: “La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece”. Note, estimado lector, en este breve texto la Biblia resume la importancia y las consecuencias de las decisiones diligentes y negligentes.

Es por ello que quienes detentan el poder deben considerar, en determinadas decisiones, si las mismas son apropiadas para las circunstancias, pues está demostrado que fundamentarse solo en la Ley puede ser contraproducente para los intereses de la población.