La violencia urbana propiciada por la delincuencia juvenil ligada al narcotráfico se inició con el terremoto de 1976, cuando casi 76 mil personas emigraron hacia la ciudad de Guatemala y alrededor de 800 mil, al área metropolitana. De 20 mil a 45 mil buscaron cobijo por el conflicto armado en tugurios y otras personas buscaron asilo en México y Estados, en Los Ángeles, una ciudad Santuario, donde tendrían relación con jóvenes de El Salvador, Honduras y, en especial, mexicanos ligados con el narcotráfico. Con lo que son deportados un promedio de 18 mil desde los Estados Unidos, incluyendo miembros de las pandillas que han colaborado a que la violencia haya crecido al regresar a Guatemala.

Estamos envueltos en los eternos problemas de la violencia urbana creada por grupos juveniles, producto de la anarquía urbana de Guatemala, que se agudizó después de la catástrofe del terremoto de 1976, al no aplicar las medidas correctivas de inmediato que procuraran rescatar a la ciudad y al área metropolitana de este colapso social y físico urbano que se predecía. A todo esto se le ha querido señalar como terrorismo, pero no es así, pues este caso es violencia juvenil, proveniente de la exclusión y pobreza extrema que se agudizó con la corrupción y la violencia política de la guerra interna.

Las llamadas pandillas o maras provienen de los procesos de tugurización de la Ciudad de Guatemala desde los años cincuenta. Según la Cepal: “son jóvenes que ven reducidas sus oportunidades de experimentar una pertenencia a la comunidad, con derechos y obligaciones, con similares problemas y recompensa con sus pares de otras clases sociales”. Es un mal donde el habitante no vive, sino que sobrevive bajo circunstancias que no aseguran adecuados estándares de vida comunitaria.

A pesar de que instituciones como la Coordinadora Institucional Metropolitana, formada por la Municipalidad de Guatemala, el Comité de Reconstrucción Nacional y el Banco Nacional de la Vivienda, en 1982, previeron estrategias y planes apoyados por el Banco Mundial, no se llevaron a cabo desde 1985. Ahora todo es producto de la corrupción a todo nivel que estamos viviendo y de una desestructuración social. Por consiguiente, considerar esto como un terrorismo urbano es equivocado.

Terrorismo es una forma violenta de lucha política que persigue destruir el orden establecido.

Esta situación no es la que hubo anteriormente, porque esas ideas de considerarlos como terroristas o de armar a la población, creando otra vez patrullas de autodefensa civil, sería una locura, en que los “chancles” y la Policía serían los enemigos; con un 80% de economía informal en que ocho de cada 10 son niños provenientes de familias desestructuradas, fáciles de captar por las pandillas violentas. (P.L.)

El país ha ido perdiendo el control y soberanía sobre su territorio y las amenazas que sufre la población provienen de las fronteras: mar, tierra y aire, por lo que la discusión debe dirigirse a definir las prioridades que generan la emigración hacia Estados Unidos, que ya suma más de un millón y medio de guatemaltecos.

El territorio de Guatemala se ha convertido en un gran espacio de ilegalidades, con un gobierno sin parlamento y diputados corruptos. Así es que estamos sin seguridad. Estados Unidos acaba de aprobar en la Cámara de Representantes una lucha contra la corrupción en Centroamérica (PL), por lo que el presidente Morales no va a poder echar al comisionado Velásquez así nomás, como dijo —otra vez resbalando—. Algo que por lo visto no sabía la parlamentaria Torres.

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