En el Congreso hay un inusual movimiento. Se está pasando, a excesiva velocidad, un paquetón de leyes sin recordar que, no por correr, llegamos más temprano. Un par de ellas para dar respuesta tardía a los acuerdos de paz, signados hace 20 años, eminentemente políticas o del ámbito de la justicia, y muchas otras para limpiar la gaveta y quedar bien con todos los dioses y marías santísimas que saben sacar provecho de la coyuntura política.

Entre las iniciativas medulares está la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que incluye aspectos como el transfuguismo, el voto en el extranjero, el voto nulo, el financiamiento de los partidos y la paridad, entre otros. Todos, vacíos que responden a una misma lógica. Lo que para mí como mujer no está en juego es que usen el tema de la paridad para poner en las agendas mediáticas un simple reality show de mujeres contra hombres y viceversa, dejando de lado aspectos fundamentales y estructurales como la igualdad en contextos democráticos, o como el financiamiento de los partidos u otros agujeros negros que contiene la LEPP, sobre todo luego de su paso por la Corte de Constitucionalidad.

Quienes se oponen a la paridad argumentan que esta coarta la libertad, que es restrictiva, y que atenta contra la meritocracia. No sé cómo establecen la relación entre estas tres cuestiones. La paridad es una acción y va tras la equidad en la participación política, tanto de hombres como de mujeres. Se traduce en una decisión política que permite a los partidos elegir con libertad las candidaturas de hombres y mujeres. Además, la alternancia entre unos y otras no impide una elección por méritos, porque eso presupondría que no hay mujeres con capacidades idóneas para la participación política. Incluso podría estimular un mejor desarrollo de capacidades en hombres y mujeres al ver que se tendrían que ganar el puesto; incluso o podría haber alternabilidad sin que se tomaran en cuenta las capacidades, no importa si de hombres o de mujeres, como ha venido sucediendo hace tanto en todos los órdenes del Estado, no solo en el Legislativo. Es tan simple como decir: que la participación política de mujeres y hombres se dé en igualdad de condiciones. ¿Por qué tanta bulla?

La palabra paridad (presente en nuestra legislación hace mucho) solo puede asustar por tres motivos: porque quienes se oponen tienen la cabeza tan llena de ideas anteriores que no cabe otra idea que no sea la propia; porque tienen intereses que defender; o porque son pieza fundamental de una representación política que nos quiere mantener entretenidos mientras otras cuestiones, también de fondo para nuestra democracia, se deciden rápidamente entre pocos, a espaldas de la mayoría que se verá afectada por ello.

Por otra parte, el Estado de Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales que lo obligan a la paridad, con el fin de garantizar el establecimiento de una verdadera democracia. Por ejemplo, en el año 2013, durante la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano, se aprobó la Resolución sobre la participación política de las mujeres, que comprometía a los Estados firmantes a “reafirmar el compromiso con la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, promoviendo una Ley Marco que reconozca que la paridad es una de las fuerzas claves de la democracia y su objetivo es lograr la igualdad en el poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación social y política para erradicar la exclusión estructural de las mujeres’.” (Prólogo, página 5). Además, ya empiezan a meter la palabra “homosexualidad” como variable negativa si se aprueba la paridad. Un distractor más para esta sociedad de cuádruple moral. Se nota que quienes nunca han tenido que pelear por un espacio son incapaces de comprender por qué se exige lo que por derecho corresponde.

cescobarsarti@gmail.com