Hace unos días, los medios informaron sobre el rescate de dos adolescentes en una tortillería. Además de trabajar más de 14 horas diarias, dormir en el suelo y apenas probar alimento, estaban prisioneras en el lugar. Ambas son jóvenes indígenas que habían sido trasladadas a la capital y encerradas en una pequeña habitación en la que inhalaban humo permanentemente. No tenían salario y estaban prácticamente incomunicadas. Su idioma materno no es el español, por lo que tenían enormes dificultades para solicitar ayuda.

Como ellas, miles de personas son explotadas con fines sexuales, comerciales y laborales, sometidas a servidumbre, mendicidad y matrimonios forzados, lo que viola de forma reiterada y permanente sus derechos a la vida, la seguridad y la libertad.

La trata es una forma de esclavitud moderna y un flagelo de escala mundial. Se considera uno de los tres negocios ilícitos más rentables, en el que la mayoría de víctimas (70%) son niñas y mujeres; aunque los casos de niños y hombres, víctimas de trata, van en incremento. Unicef y Cicig establecieron que en Guatemala las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los 12 mil 300 millones de quetzales.

Según el Informe Mundial sobre Trata de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2016), la explotación sexual y laboral son las formas más comunes de trata. En Centroamérica y el Caribe, el 57% de las víctimas son explotadas sexualmente y el 15%, laboralmente. La travesía de miles de personas desde Centro y Suramérica hacia los Estados Unidos ha incrementado exponencialmente el número de migrantes secuestrados y explotados por las redes criminales que operan en la región.

Guatemala es un país de origen, destino y tránsito de víctimas de trata, y las autoridades reconocen que se cometen al menos 16 modalidades de trata en el país. Sin embargo, muchos de estos delitos se consideran “situaciones normales” o “parte de la cultura y costumbres”, por lo que no son denunciados ni perseguidos. Por ejemplo, los regímenes de servidumbre en algunas fincas, los matrimonios forzados —incluyendo a niñas y jóvenes a quienes se les obliga a casarse con su agresor sexual—, o el trabajo no remunerado en casas particulares y negocios como las tiendas y tortillerías.

La publicación Trata de Personas=Esclavitud, de la periodista Rosalinda Hernández Alarcón, deja claro que las condiciones de violencia y pobreza aumentan de manera significativa las probabilidades para que las personas sean víctimas de trata. La colega también señala que “los contextos y relaciones en las que predominan lógicas abusivas que mercantilizan todo, incluso cuerpos humanos”, causan este flagelo.

Las personas dejan de verse como seres humanos y se convierten en “mercancías” que pueden comprarse y venderse al mejor postor. Por eso no extraña la enorme cantidad de alertas que se emiten por la desaparición de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que seguramente, en muchos de los casos, están siendo tratados.

En 2013, Naciones Unidas estableció el 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”, para visibilizar y hacer conciencia sobre este flagelo y sobre la imperiosa necesidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables. Porque, como siempre, la impunidad sigue siendo la mejor aliada de las redes criminales.

Pero además se hace imperativo impulsar la transformación del actual sistema económico que genera pobreza y desigualdad, jerarquiza a las personas y promueve la idea de que no somos ciudadanos, sino meros consumidores, y que absolutamente todo se puede comprar y vender, incluso los seres humanos.