De este y otros temas se habló el miércoles pasado, en una interesante reunión de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ejecutivos de la Fundación Konrad Adenauer y varios columnistas que solemos opinar en los medios de comunicación social.

El propósito de los anfitriones —fuimos invitados con la debida anticipación— era informar de lo que el TSE está haciendo estos días para responder en forma pronta a los reclamos y demandas de la población, cuyo descontento se ha puesto de manifiesto en masivas concentraciones públicas, en la capital y en el interior del país.

A mí me parece que la ciudadanía ya votó, y sigue votando, contra el Gobierno, contra los diputados, contra la administración de justicia y contra todo lo que huela a oficialismo.

La capacidad de aguante de la ciudadanía, que tiene larga data, explotó en mayo al ser desvelados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala los nexos secretos existentes entre altos funcionarios públicos y una red de defraudadores fiscales, en el ramo de aduanas; sin olvidar el funcionamiento de otras redes criminales.

La conversación fue centrada en la necesidad de introducir reformas, ahora mismo, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para responder al clamor popular que parece incontenible, no obstante que pasan las semanas sin que la situación nacional cambie en la medida en que debería cambiar. Y es que las pocas renuncias y destituciones de funcionarios, y el inicio de procesos penales son un paliativo precario frente a la magnitud del descontento social que se mueve por casi todos los caminos del país.

Los magistrados, además de una ejemplar cortesía, respondieron satisfactoriamente todas las preguntas de los periodistas, comportamiento útil de resaltar en momentos en que algunos funcionarios, dignatarios y aspirantes a importantes cargos públicos pierden los estribos, adoptan actitudes impropias y hasta delictivas, si las preguntas de los reporteros tocan puntos débiles o inmorales en el ejercicio de la función pública.

Interesaba a los magistrados abundar en explicaciones de los temas que el TSE ha propuesto al Congreso de la República incluir en la reforma inmediata de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la idea de que puedan ser aplicados en las elecciones generales del 6 de septiembre próximo y que, después, los diputados retomen el contenido de la iniciativa aprobada ya en tercera lectura por el pleno de ese organismo.

Con esta nueva iniciativa parece despejarse la idea de que ninguna reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos puede ser aplicada al proceso electoral actual.

Casi todos los puntos de la reciente iniciativa son esenciales; pero hay algunos que, en mi opinión, son inconstitucionales, antidemocráticos y violatorios de convenciones y pactos internacionales, firmados y ratificados por Guatemala, como ese por el que se intenta prohibir a los medios de comunicación social “publicar propaganda fuera de lo establecido en la LEPP. Con sanción penal de financiamiento electoral ilícito”.

Nótese lo improcedente de esa prohibición, pues el control y sanción de los delitos electorales no son funciones de los medios de comunicación social. Y si uno de estos se arroga la facultad de calificar como ilícita y no publicar una declaración política incurre en varios errores simultáneos. El primero consiste en autocensurarse. El segundo en violar el derecho que un partido político o un político tiene a comunicarse con la opinión pública. El tercero, en conceder a particulares funciones sancionatorias, porque someter al silencio a un actor político es castigarlo. Y el cuarto, en privar a los ciudadanos de conocer el pensamiento de políticos sobre asuntos que pueden ser de interés general.

Pero, por encima de todo eso, tal prohibición entrañaría la institucionalización de la censura previa; un salto de setenta años atrás en la lucha por instaurar en Guatemala la plena vigencia de los derechos humanos.