Los luditas fueron un movimiento de obreros y artesanos ingleses del siglo XIX que se opusieron a las nuevas tecnologías industriales, con manifestaciones y acciones violentas —principalmente la destrucción de maquinaria— entre 1811 y 1816. Los telares y máquinas de hilar industriales que surgieron en la Revolución Industrial, en Inglaterra, aumentaron dramáticamente la productividad de la manufactura textil y eran vistos como una amenaza por trabajadores y artesanos. En economía se conoce la “falacia ludita”, para referirse a la idea que la introducción de nueva tecnología provoca “desempleo tecnológico” que puede conducir a desempleo estructural.

Leí en un medio sobre las objeciones a la nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal y cómo este puede ser “lesivo a los intereses del Estado”; dos páginas después venía un reportaje sobre cómo la lentitud en el puerto y aduanas generan grandes pérdidas.

En el 2012 se celebró un contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) —subsidiaria local de la empresa catalana Terminal de Contenedores Barcelona (GRUP TCB) —otorgándole a este último usufructo de 34 hectáreas para la construcción y operación de un nuevo puerto de operación de contenedores. TCQ pagará a la EPQ un alquiler anual por el terreno y una cuota por contenedor procesado. La primera fase del proyecto, con una inversión de $177 millones y el empleo de 1,200 personas en su construcción, culminará con el inicio de operaciones en febrero de 2016, con capacidad para procesar 400 mil contenedores anuales. La tercera fase del proyecto contempla llevar la inversión a US$255 millones y la capacidad de operación a 700 mil contenedores anuales. Este proyecto dotará a Guatemala de una terminal especializada para manejo de contenedores, con tecnología de punta; será la única de su tipo entre el puerto de Manzanilla, México y Puerto Balboa, en Panamá. La introducción de procesos automatizados eficientes para operar el flujo de contenedores redundará en una sensible mejora en la recaudación al reducir la intermediación y autorización humana en la operación.

Hay fuerte oposición al proyecto. En el 2014, el Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (STOPQ) dirigió queja al Banco Mundial, con la intención de bloquear financiamiento de parte del IFC (Corporación Financiera Internacional). Parte de la queja del sindicato es que “vulnera temas de medioambiente, así como social, ya que dicho contrato afecta el interés económico directo de los trabajadores y de las comunidades que dependen de un subsidio anual económico que reciben actualmente producto de la generación de utilidades del actual Puerto Quetzal”. Como es costumbre, la Contraloría General de Cuentas (CGC) se sube a un tren que ya salió; el contralor Mencos declaró lesivo el contrato porque representa “competencia desleal” contra la EPQ, a pesar de que con una absurda protección a la ineficiencia se introdujo una cláusula en el contrato que no le permite a TCQ cobrar tarifas menores a las que establece la EPQ. La PGN también ha declarado el contrato como “lesivo al Estado”.

Confieso no tener elementos para juzgar la legalidad del contrato con TCQ. Sin embargo, los lamentos sobre la pobreza y falta de oportunidades no parecen tener sentido cuando hay fuerte oposición a todo lo que sea aumentar las posibilidades de producir. No se puede progresar obstaculizando el comercio, la modernización, la eficiencia y la productividad. No se crean mayores oportunidades deteniendo el progreso y protegiendo intereses creados.