Hay todo un paquete de leyes que “urgen” en Guatemala y son muchas las iniciativas de ley en cola, en diversas etapas del proceso en el Congreso. Una de estas es la Iniciativa 5074, que dispone aprobar la “Ley de Competencia”, presentada por los diputados Carlos Barreda, Arístides Crespo y compañeros. Como es el caso con muchos decretos y goles fallados, la intención parece buena. El verdadero trasfondo de esta Ley de Competencia es cumplir con el compromiso asumido ante la Unión Europea. El plazo para su aprobación vence en noviembre de este año. En otras palabras, esta ley es una exigencia de la Unión Europea. Otra motivación, es que “Guatemala es el único país en la región sin esa normativa”, que al parecer es intolerable.

La iniciativa de Ley de Competencia compite con muchas otras iniciativas. La 5070, Ley Marco de Aguas, y en el mismo tenor, la 5067, Ley de Aguas y Recursos Hídricos. Creo que la primera es prescindible pero Guatemala sobreviviría, mientras que la segunda es básicamente expropiatoria y fabricaría una pesadilla burocrática. También está la iniciativa 5066, “Ley del Día Nacional de la Lucha de la Ciudadanía contra la Corrupción”, y la 5063, que dispone la “Ley que Declara el Día del Padre”. La iniciativa 5054 propone la “Ley Contra Actividades Terroristas en Guatemala”, ya que es necesario “promulgar una nueva legislación que tipifique de mejor manera la actividad terrorista”.

En el contexto de la competencia, llama poderosamente la atención la iniciativa 5068, “Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito”, y la 5062, “Ley para la instalación de cámaras de video vigilancia en el transporte que presta servicio público extraurbano y servicios especiales”. La 5062 obliga a instalar cámaras de seguridad en cada unidad de transporte extraurbano de pasajeros y especial de turismo, como mínimo “ubicadas una al frente del transporte, otra afuera, en la parte de la puerta de salida y el resto dentro de la unidad de transporte… que permita el almacenamiento del video por 15 días”. Los transportistas contarán con un plazo de tres meses para cumplir con la instalación de las cámaras y equipo. Loteriazo para los vendedores de cámaras, equipo de grabación, para la nueva burocracia, inspectores y el cobro de multas.

Estas dos leyes tendrían por efecto reducir la competencia en el mercado de transporte extraurbano y especial de turismo. Elevan sustancialmente la barra para competir. Causará también el aumento en los precios del pasaje, circunstancia que sería enfrentada con vigor inmediato por el procurador de los Derechos Humanos, la Diaco, la DGT y brigadas de la industria de protesta social. Ignoro si estas iniciativas de ley prosperarán, pero la mentalidad detrás de ellas es preocupante. Hay mejores formas de conseguir lo que persiguen resolver.

Hay mucho que hacer para promover la competencia, pero la iniciativa de Ley de Competencia no hace nada de eso. Crea una “Superintendencia de Competencia”, que es un oxímoron. De raíz, parte de conceptos equivocados sobre la competencia y el monopolio, que trataré en otra ocasión. El principal factor que atenta contra la competencia en el mercado es precisamente la intervención estatal, por la vía de la legislación, la regulación y el dirigismo. La Ley de Competencia más efectiva sería aquella que le prohíba al Estado prohibirles a las personas producir e intercambiar libremente y que dejara proscrita la coerción, la protección y el privilegio. Es la intervención estatal la que crea poder monopólico y produce el terreno fértil para la colusión y cartelización.

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