Hace unos días me reuní con algunos de la treintena de líderes y representantes legales comunitarios de Barillas y Santa Eulalia que visitaron la capital. Aún con dificultad para expresarse en español, no les faltó claridad de ideas, razones, corazón, visión y nobles sentimientos. Venían a denunciar una serie de atropellos cometidos bajo fuerza por un tal Rigoberto Juárez y otros personajes de similar calaña que le acuerpan.

Por allá, grupos transgresores de la ley y obstaculizadores de la paz secuestran, amenazan, torturan, invaden propiedad privada, queman casas y maquinaria, usan armas de guerra y asesinan con absoluta impunidad. Al frente de esa mara delictiva identifican —sin dudarlo— al susodicho Juárez y a sus acólitos, cuyos nombres recitan con frecuencia en cada intervención.

Lo que ocurre en Huehuetenango, y en otras zonas del país, es que han surgido bandidos que se autonombran líderes y se rodean de matones y lugartenientes (procedimiento típico de la guerrilla de antaño) sin autoridad moral ni legal, con imposición por la fuerza y violando la libertad y el derecho de la mayoría a buscar su propia felicidad.

Han creado una entelequia llamada “gobierno plurinacional” que realmente es una asociación de autoritarios que pretenden imponerse porque las urnas no les conceden un solo voto. La desintegración de la URNG y otros grupos de la izquierda radical nacional ha provocado una atomización de personajes oscuros del conflicto armado interno que desean a toda costa apropiarse del poder negado por los votos y la democracia, de la que alardean en cada intervención ¡Al manido eslogan izquierdista y “revolucionario” de venceremos, apenas le sobrevive la “v”!

Los líderes con los que hablé cuentan que tras la firma “de la paz”, el tal Juárez huyó a la cuna del crimen de Estado: Cuba, especialista en entrenar criminales y subversivos. En un afán por ocultar su huida, alguien falsificó su deceso, quizá para que su “viuda” pudiera cobrar alguna pensión y vivir de los demás, como él parece hacer ahora.

Los verdaderos líderes indígenas reclaman su derecho a vivir en paz y anhelan un mejor futuro. No están en contra de nadie y desean que se cumpla la ley que tanto la anterior administración del MP como el Ministerio de Gobernación les ha negado por un tiempo, al no ejecutar las órdenes de captura existentes ni enviar efectivos policiales suficientes para proteger la zona.

Algunos/as columnistas de prensa han apoyado a los detenidos y con ello justificado agresiones y crímenes de los que son acusados con suficientes pruebas. No se han tomado el tiempo de escuchar al liderazgo indígena real y formal, como muchos sacerdotes y obispos, y se han convertido en cómplices de esas barbaridades que entre dientes dicen condenar, pero que permiten y sostienen con su explícito apoyo a esos personajes.

Es un tema relacionado con la dignidad humana, el respeto, el orden y la consideración hacia grupos desprotegidos, lo mismo que dicen defender pero que contradicen al apoyar a violentos. Un doble discurso similar al de cierto sector de la Iglesia Católica.

En el fondo condenan la pena de muerte legalmente existente pero la consienten y alientan discrecionalmente cuando apoyan a esos criminales, al igual que determinadas organizaciones internacionales, grupos de “países amigos” y otros financistas afines. ¡Bien por la coherencia discusiva!

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