La resistencia a privatizar la seguridad social proviene de una clase política consciente de las limitaciones del mercado y escéptica sobre las bondades del afán de lucro en el área de la salud. México ha buscado impulsar la seguridad social para beneficio de su población y no rechaza pensar una renovación de la misma, pero garantizando los derechos adquiridos.

En 1942, México por ley, declaró que se debía garantizar la seguridad social. En 1944 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fue seguido en 1959 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE). Se estima que el 60% de la población está protegida con ambos institutos, alrededor de 70 millones de derechohabientes. El IMSS ofrece asistencia médica, protección al salario, servicios sociales como guarderías y otorgamiento de pensiones. Por su parte el ISSSTE, además de esos servicios, concede préstamos e indemnización global.

A inicios de siglo, el gobierno mexicano consideró que el sistema debía reformarse, distinguiendo los servicios de salud de los financieros. Se han realizado experimentos para introducir a la empresa privada en los servicios financieros tales como seguros y pensiones, pero no se ha probado la bondad de esta separación. Peor experiencia se ha tenido con la elección voluntaria entre servicios de salud privados o del Seguro Social y otras participaciones de la empresa privada en aspectos médicos. De allí que se pueda concluir que la privatización no es un buen camino para la seguridad social.

Para los guatemaltecos, el caso de El Salvador demuestra las miserias de la privatización. Por lo tanto, una reforma del Seguro Social debe excluir esa medida y persistir en el carácter tripartito institucional. Pero, esa constatación no excluye la necesidad de terminar con el carácter monopólico del IGSS, origen de una extensa corrupción y problemas de administración.

En principio se deben separar los servicios sociales y de salud de los aspectos financieros. El Banrural y el Banco de los Trabajadores ofrecen un buen modelo tripartito para la administración bancaria. De dónde una nueva entidad organizada de manera semejante podría no solo continuar con las prestaciones existentes: invalidez, vejez y sobrevivencia, sino también incluir otras como seguros por accidentes, por pérdida de trabajo, etcétera.

El caso mexicano demuestra la bondad de dividir los servicios de salud entre los empleados estatales y los de la empresa privada. No se trata de modificar de manera radical al modelo organizativo, sino el peso en la toma de decisiones. Una nueva entidad de seguridad social, con mayoría privada, podría controlar de mejor manera a la corrupción.

Se pueden exponer rápidamente estas ideas que pueden calificarse de defectuosas, lo que no se puede es ignorar la urgencia de reformar a la seguridad social en el país.

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