Cuando la información se considera un derecho y no una mercancía, el periodismo se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía y abona al cumplimiento de los derechos de libertad de expresión y comunicación, esenciales en una democracia.

Estos derechos no son exclusivos de las y los periodistas, pertenecen a todas las personas; sin embargo, quienes ejercemos esta profesión tenemos una enorme responsabilidad a la hora de concretarlos, y eso implica, necesariamente, interpelarnos sobre el tipo de periodismo que hacemos y la realidad mediática que tenemos en el país. En este sentido, es importante insistir en que los medios de comunicación no pueden ser considerados únicamente como empresas cuyo fin es la generación de ganancias, porque cumplen una función social y su accionar se enmarca en una agenda de derechos.

Además, en un país como el nuestro, con enormes carencias y debilidades en casi todos los ámbitos, el ejercicio periodístico debería posibilitar la generación de espacios de información y análisis que promuevan un abordaje integral de los temas, desde diversas visiones y perspectivas, e invitar a la reflexión y a la participación ciudadana en los asuntos de interés público y colectivo, en lugar de promover confusión e inmovilización.

Otra de las tareas pendientes es terminar de una vez y por todas con los temas, actores y sectores invisibilizados —y estigmatizados— y generar un abanico de posibilidades mediáticas a las que la ciudadanía tenga acceso. Siendo Guatemala un país diverso, los medios deberían reflejar también esa pluralidad y no me refiero solamente a cambios en la cobertura o en los enfoques periodísticos, sino al acceso a espacios mediáticos y a la generación de contenidos.

Otro ámbito clave al que hay que poner especial atención es el que se deriva de la relación entre algunos propietarios de medios de comunicación y líderes de partidos políticos. El ejemplo más claro es el del monopolio de televisión abierta, pero también ha habido —sobre todo en la última década— el surgimiento de medios de comunicación ligados a políticos locales, funcionarios públicos, diputados y ministros de Estado, que tiene implicaciones directas en el tema de financiamiento y resultados electorales, pero también un peso indebido en la agenda pública y mediática.

La cobertura de la crisis política y de las movilizaciones ciudadanas en 2015 y 2017 no deja lugar a dudas sobre que uno de los ámbitos de disputa en la lucha contra la corrupción y la impunidad es el de la comunicación. De ahí la necesidad de que en Guatemala se abra la discusión acerca de la propiedad de los medios, incluyendo el acceso al usufructo de frecuencias de radio y televisión, y la generación de alternativas a los grandes medios corporativos. Merece ser parte de esta reflexión profunda la creación y sostenibilidad de medios públicos y el siempre postergado tema de comunicación de pueblos y comunidades indígenas.

Es indudable la importancia que para nuestro país tiene la reforma profunda del sistema político electoral y coincido en que es un tema prioritario. Pero si queremos una verdadera transformación, no podemos postergar el debate sobre la situación actual de los medios, la manera como se ha construido este sistema corporativo y los mecanismos de acceso a las frecuencias de radio y televisión que son parte fundamental del engranaje de poder.

@MarielosMonzon