A casi nadie le conviene que se profundice el descalabro fiscal de Guatemala. Quizás el actual gobierno de transición de Maldonado Aguirre pueda avanzar con cierto ordenamiento financiero, pero no podrá resolver el grave problema fiscal que se enfrenta. Este se manifiesta en una inmensa brecha entre lo que se le pide al Estado que haga y lo que puede hacer con los limitados recursos con que cuenta, a lo cual se agrega la debilidad administrativa que impide que incluso esos escasos recursos se usen eficientemente. Frente a tan desmesurada brecha, y con una debilidad administrativa evidente, el gobierno que tome posesión el 14 de enero del 2016 tendrá que manejar las finanzas públicas con mano de hierro. Solo así podrá evitar que la lucha por los escasísimos recursos existentes genere todo tipo de presiones internas y lo desarticule. Un ministro de finanzas no podrá realizar esta tarea solo. Requerirá del apoyo político decisivo del presidente, del gabinete y de quien sea responsable de la administración tributaria, para comenzar. Se requerirá de un mando consolidado, capaz de defenderse frente a las innumerables presiones que surgirán de un Congreso acostumbrado a prebendas, de un sector privado habituado a privilegios fiscales, de otros sectores políticos interesados en desacreditar al gobierno y de una serie de entidades públicas que exigirán recursos para cumplir con sus responsabilidades sin tomar en cuenta las necesidades del Estado como un todo. Ese mando consolidado tendrá que tener muy clara su estrategia fiscal, incluyendo los aliados para apoyarlo.

Las restricciones que enfrentará son extremas. Una es que no podrán aumentarse los impuestos a corto plazo. Primero tiene que mejorarse la calidad del gasto, con impacto y transparencia. Esto tomará tiempo: superar la debilidad administrativa del Estado para que pueda implementar programas de calidad no es algo instantáneo, como tampoco lo será terminar con la desconfianza de la ciudadanía guatemalteca. Una segunda restricción es que las mejoras de la recaudación como resultado de una nueva administración tributaria también tomarán tiempo. Su reconstrucción dependerá mucho de la persona que esté a cargo y de que sea parte integral de ese mando consolidado que las circunstancias exigen, sin confusiones en la línea de mando como las que ahora existen en la SAT. Como tercera restricción están las severas rigideces de gasto público, con destinos predeterminados, ya sea por normas constitucionales o compromisos legales, que van desde el deporte hasta el pago de la deuda y el pasivo laboral de los trabajadores del Estado, o que resultan de pactos colectivos o de la forma en que está organizado el Estado. Generar confianza en relación al gasto futuro, aumentar la recaudación y reducir gastos donde sea posible, así como flexibilizar el presupuesto acompañado de transparencia y rendición de cuentas, deberían ser ingredientes fundamentales de una estrategia fiscal realista. Pero esta solo se podrá implementar con un mando sólido y consolidado. Tremendo desafío para el próximo gobierno.

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