Esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi 2014. Los resultados, bastante divulgados, son dramáticos. Los dos datos principales así lo reflejan. Del 2006 al 2014, la incidencia de pobreza total nacional subió de 51.2% a 59.3%; mientras que la pobreza extrema pasó de 15.3% a 23.4%. Pero en el área rural la situación es aún más grave, ya que la pobreza total pasó de 70.5% a 76.1%, siendo la pobreza extrema el colmo del dramatismo, puesto que subió de 24.4% a 35.3%.

En el área urbana, la pobreza total, en el 2014, es de 42.1%; y la extrema, de 11.2%.

Se hacen evidentes dos hechos. El primero es que en Guatemala ahora hay más pobreza total y extrema, en contradicción con los meritorios logros alcanzados en América Latina, en la lucha por reducir la pobreza.

Y el segundo hecho evidente es la gravedad de tal situación en el área rural. Subrayemos esta diferencia. En la pobreza total, el área rural tiene casi el doble: 76.1% frente a 42.1%; y en la extrema, el área rural la triplica 35.3% frente al 11.2%. Guatemala es un país que no solo excluye, sino que discrimina a una gran parte de la población. La condición de “subvivencia” pesa más en los departamentos donde habita la mayoría de la población indígena.

De lo anterior sacamos, por lo menos, dos conclusiones. Por una parte se necesitan, urgente e intensamente, políticas públicas dirigidas a enfrentar la pobreza, general y extrema. Pero, por otra, se evidencia, más que nunca, la necesidad de impulsar con ahínco el desarrollo rural.

Estas revelaciones hacen urgente la discusión de las alternativas para lograrlo. Los predicadores del crecimiento económico seguramente gritarán que se necesita incrementar el producto interno bruto y que, automáticamente, ese crecimiento derramará sobre los pobres, principalmente a través de la creación de empleo. Reclamarán nuevamente la necesidad de que seamos competitivos para poder exportar y así, insertándonos exitosamente en la globalización, todos seremos felices.

Habrá quienes, como ya lo hizo el propio Gobierno el día en que se presentó la Encuesta, a través de su ministro de Economía, aprovecharán para señalar el fracaso de los programas de protección social, caracterizándolos como paternalismo, asistencialismo y recursos tirados a la basura (¡a los pobres!). En el otro extremo pueden surgir voces indignadas ante esta lacerante realidad que solo hablen de la necesidad de distribuir la riqueza.

Sin embargo, en el barco que se está hundiendo vamos todos. Algunos, en primera clase, posiblemente no reparan todavía en que el agua se filtra por todas partes y el naufragio es cuestión de tiempo. Otros, sin esperanza, ya viven ese siniestro, sufriendo hambre cotidianamente. No hay alternativa, tenemos que ponernos de acuerdo. El modelo económico ya no da más en beneficio del bien común. Y tampoco el modelo político permite la democratización del poder para que las políticas públicas no solo beneficien a los mismos de siempre, ni para terminar con la feroz corrupción que, como alguien ya lo dijo esta semana, devora cruelmente el desarrollo.

Habrá que ver si ante esta vergonzosa desnudez que nos provoca la Encovi 2014, se producen multitudinarias marchas de indignados, si los entusiasmados con la revolución azul y blanco se atreven a sostener su alegría ante esta lacerante realidad. Veremos si la comunidad internacional, que con inusitada frecuencia nos está diciendo qué tenemos que hacer, ahora también presiona para que este Estado excluyente se reconstruya en beneficio del bien común, que pasa por superar las condiciones de pobreza que nos agobian.

La Encovi 2014 no puede ser un conjunto de estadísticas frías. Debería constituirse en un tsunami que estremezca la conciencia ciudadana.