La política es dirigida por Jimmy Morales y sus asesores, quien, en principio, lanzó su grito de campaña: “Ni corrupto ni ladrón”, demostrando su incapacidad que no viene de su actuación, ni de la cuna o de su desorientación actual, ni de una academia de teatro, ni de la disciplina autodidacta. Llegó al poder aprovechando los signos teatrales para convencer a las masas, con lo cual descubrió que podía acumular fondos públicos, no solo para sus propias cuentas personales, sino que podían utilizar esos recursos para una “cuenta especial”, con restada dependencia de los financistas tradicionales y acumulaba cada día una mayor cuota de poder.

La ofensiva de Jimmy Morales son actos de corrupción junto a un grupo de militares y diputados corruptos. Según Von Ahn, el 75% de los encuestados apoya el trabajo de la Cicig, mientras que el 85.6% desaprueba el trabajo de Jimmy Morales. A esto se debe el intento de cooptar los pocos espacios que le quedan en el sector justicia por temor a que a partir del cambio de autoridades el año entrante se pueda revertir el enorme daño que ha causado, al someter de manera vergonzosa a otros órganos de poder intentando expulsar a los miembros de la Cicig a través de Sandra Jovel (el poder detrás del trono), quien exhibió 4 mentiras (igual que su jefe).

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar varios argumentos que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) había cuestionado sobre el amparo provisional que obligaba a renovar las visas de cortesía a personal de la Cicig. Al final, el Minex, por instrucciones de la Fiscal General, pidió al Ejecutivo renovar visas a los delegados de la Cicig. Entregó la documentación relacionada: “Con la muestra de su consideración”. Entre otras cosas, estos delegados tenían el caso de La Línea.

Morales se enfrenta con el presidente Trump, que reiteró que EE. UU. recortará “toda” ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador. Trump expresó que: “Guatemala no hace nada por EE. UU. y se lleva nuestro dinero”, y deporta 91 mil migrantes de EE. UU que arriban sin trabajo. López Obrador estableció un programa no muy efectivo en Tijuana. Guatemala vive dentro de una segregación socio-espacial y un crecimiento desordenado, con una baja en calidad de vida y ambiental en relación con el resto de los 196 países del ranquin de PIB per cápita y con un aumento del costo de los servicios públicos y vivienda.

Existe falta de agua. De acuerdo con Empagua, los habitantes de la capital consumen más agua de la que produce. Las autoridades le restan importancia al problema y optan por perforar pozos, que a criterio de expertos es insostenible, porque la reserva subterránea escasea. En materia de movilidad existe una ineficiente infraestructura en el transporte colectivo, por lo que hay necesidad de contar con vehículo propio. En economía, el costo de la canasta básica de alimentos registró incrementos en agosto pasado.

Falta planificación territorial, pues la distribución de la población no es homogénea, por lo que hay una segregación entre razas, pues la pobreza se da más en la población indígena y mestiza, lo que ha incrementado la inseguridad, donde se ha desarrollado una tercera generación criminal de pandillas juveniles, las llamadas “maras” del narcotráfico. Además, la población se sitúa en áreas de alto riesgo: por sismos, deslizamiento e inundaciones, tanto en el sector formal como el informal, donde existe una contaminación de cuencas por disposición de desechos sólidos, erosión del suelo y tala.

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