Pueden ser también empresas transnacionales que, poseedoras de la tecnología y los recursos necesarios, vienen a nuestros países a explotar el subsuelo, pagando lo mínimo posible a los Estados, que son legal y legítimamente propietarios de esos recursos. Dejan secuelas de contaminación cuando sus negocios concluyen y dejan algunos ingresos fiscales que sirven para suplir la obligación moral de los poderosos nacionales de contribuir tributariamente.

En Guatemala, también se suma a la resistencia al saqueo, aspectos culturales, propios de la cosmovisión maya, donde la madre tierra significa mucho más de lo que podemos comprender quienes tenemos una formación “occidental”. Desde los círculos del poder, económico y político se afirma que las oposiciones provienen de actores minoritarios, oportunistas, corruptos, vividores, delincuentes, etc., coligiendo de allí que el asunto se arreglará anulándolos (menos mal que ya no dicen matándolos). El resto de la población es “gente de bien” que recibirá felices las migajas que arrojen al suelo los inversionistas privados.

La veterana contradicción entre desarrollo y ambiente encuentra en nuestro país, en el tema de la minería, una tierra fértil para su expresión y profundización, hasta el punto de poner en riesgo la gobernabilidad democrática.

Las élites hegemónicas enarbolan la bandera del desarrollo para justificar la atracción de la inversión privada que posibilite las actividades extractivas. Seducen a los gobernantes con los supuestos millones que dejarían los ingresos fiscales provenientes de esas explotaciones. Sin embargo, sectores beligerantes de la población no creen y se oponen, metiéndolas en sacos donde no caben todas, porque son distintas, como es el caso de la minería y la producción y transporte de energía limpia, que se han confusamente amalgamado.

Debe intentarse un abordaje distinto, horizontal, equitativo y respetuoso de las ideas y demandas del pueblo. Cualquier proyecto que, desde sus inicios no se haya planteado en esos términos, está condenado a la resistencia comunitaria. Hay que rectificar el camino, no se puede imponer desde el poder político el impulso de estas actividades.

Explotar nuestro oro, níquel y otros recursos podría ser una opción, pero no para favorecer, de manera inmediata y superficial, solo a algunos, sin pensar en la responsabilidad intergeneracional que tenemos.

Hay que desactivar la conflictividad social que proviene de la minería. No permitamos que el oro se convierta en plomo para quienes lo adversan.