el Colectivo Ecologista Madre Selva, la Asociación Feminista La Cuerda”.

Todos ellos hacen saber: “El pueblo guatemalteco no quiere la minería de metales”. Los guatemaltecos (as), sobre todo en el área rural, no deseamos tales megaproyectos.

Los interesados son organizaciones y empresas transnacionales que abusivamente se han instalado en los territorios, irrespetando los procesos de consulta comunitaria, la visión de desarrollo de las comunidades y han alterado, con violencia, engaño, divisiones, compra de autoridades y muertes, la vida de los pueblos.

Injustamente, al guatemalteco que defiende la vida y los intereses nacionales con su resistencia pacífica comunitaria, se le tilda ahora de causante de la conflictividad social y del terrorismo violento.

La oposición a los megaproyectos responde a las secuelas que han dejado en donde se ha instalado: muerte, mayor pobreza y desalojo. Hasta ahora no se ha registrado ninguna ventaja por parte de las autoridades del país y de las transnacionales mineras.

Se pone en evidencia que los niños con plomo en países de Sudamérica son evidencia concreta de estas realidades que no se pueden disfrazar con ningún discurso.

Por ello, las organizaciones arriba firmantes piensan que el Gobierno de Guatemala debe cambiar de rumbo, si es que aún no lo ha hecho, y debe dejar de ser cómplice de los verdaderos causantes de la conflictividad social y reencauzar al país a verdaderos procesos de diálogos para su desarrollo, teniendo presente no contemplar la actividad extractiva que hace daño.

Somos un país con gente trabajadora, con mucha diversidad social y natural que puede delinear su propio desarrollo, dejando atrás la estrategia minera que tanto daño nos hace.

Tenemos la evidencia de las encuestas, en las que nuestro pueblo rechaza la minería de metales; por ello demandamos varios puntos:

a) El cese inmediato, si no se ha hecho aún, de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera en Guatemala.

b) El cese inmediato de la criminalización hacia los líderes y lideresas comunitarios que legítimamente defienden su territorio.

c) A las altas autoridades del país el cese y desprestigio sobre las verdaderas causas de nuestras luchas, ya que nuestra resistencia es pacífica y la respuesta del Estado y las transformaciones han sido ajenas a todo tipo de violencia.

d) A las plumas pagadas por los sectores de derecha del país el cese inmediato de su campaña de difamación a organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas, y utilizar su derecho a la libre expresión para contribuir al desarrollo del país, en lugar de ensañarse contra la población que no tiene la posibilidad de responder por los mismos medios.

Termina parte de este comunicado, diciendo: “Guatemala merece verdadero desarrollo sin minería transnacional”.