en el kilómetro 38.5 de la ruta Interamericana, donde se acordó con el Gobierno una mesa de diálogo para abordar la problemática que la cementera y la construcción del anillo regional ocasionan en su territorio.

Los pobladores han explicado hasta el cansancio que su oposición está basada en el daño ecológico, económico, social y cultural que provoca —desde ya— el establecimiento de la cementera. Por esa razón, miles de personas marcharon pacíficamente y dieron a conocer el contenido de una carta dirigida al presidente, en la que le recuerdan que, por distintas vías y en numerosas ocasiones, le han expuesto las razones que motivan su rechazo e insisten en la realización de una legítima consulta comunitaria para que se reconozca su opinión al respecto.

También exigen que el Gobierno acate las recomendaciones del relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien en una comunicación oficial (4/6/2012) recomendó al Estado guatemalteco considerar la opinión de los pueblos indígenas previo a la realización de proyectos en sus territorios y, dada la conflictividad que se ha generado, suspender el proyecto: “Por tanto, teniendo en cuenta esos factores, estimo que el Gobierno y la empresa deberían considerar seriamente la posibilidad de no construir la fábrica de cemento ni tampoco realizar actividades de extracción de materiales de construcción en el municipio de San Juan Sacatepéquez”. Texto que no deja lugar a ninguna otra interpretación.

Pero como siempre ocurre, nuestros gobernantes tropiezan —una y otra vez— con la misma piedra, la del poder económico —nacional y extranjero— que al final de cuentas ejerce el poder real, en detrimento de los intereses de las mayorías.

Según la prensa, la inversión de la planta alcanzará los US$720 millones, y la producción, que iniciará en el año 2017, será de 2.2 millones de toneladas anuales (6,400 por día). Durante la fase de construcción se generarán dos mil empleos, y cuando se empiece a producir habrá 450 empleos fijos. Estas son las razones por las que —según los propietarios de la empresa, sus voceros y el Gobierno— hay motivos para celebrar.

Nada se informó sobre las ganancias que obtendrá la empresa, pero queda claro que superarán con creces los dineros invertidos. Y me parece que allí está la verdadera razón de la celebración y la llegada, desde la madrugada del viernes, de tropas del Ejército y la Policía que colocaron retenes en todos los caminos.

Otra vez la fuerza pública al servicio del gran capital, otra vez la burla, la represión y la persecución penal en lugar del diálogo y el consenso. Después que no nos digan que este país es de todos.