A mediados del año 2014, Guatemala vive la confrontación económica-social e ideológica más fuerte de su historia reciente. El enfrentamiento del gobierno oligárquico-militar con los demás sectores de la sociedad civil se agudiza cada día más. La impaciencia revolucionaria de una cada vez más creciente población maya y mestiza hace percibir en el ambiente político que el Gobierno estatal está en vías de desmoronarse por completo. A esto contribuye el fuerte descontento y la inseguridad ciudadana, así como las actitudes dictatoriales del jefe del Estado y las prácticas de la oligarquía tradicional en el uso del aparato judicial como el principal instrumento de su poder político. La promesa durante su pasada campaña de aplicar “mano dura” al ocupar la silla presidencial ha sido ineficaz en su ficticia lucha contra el crimen organizado, restándole toda legitimidad al Estado fascista imperante. La convicción de que existe un contubernio y complicidad entre la política pública del gobierno militar con la minería ilegal que daña la ecología de los pueblos campesinos es un tema de abierto debate, que da lugar a diversas interpretaciones. Para nadie es ya un secreto que los intereses de las empresas mineras extranjeras están en abierta oposición con los intereses populares, no existiendo ninguna posibilidad real de armonizar las necesidades del desarrollo ambiental local con la defensa del negocio minero transnacional.

Por otra parte, los llamados “Acuerdos de Paz Firme y Duradera” han sido un verdadero fiasco. Ya en noviembre de 2000, ante la perspectiva del fracaso del cumplimiento de lo pactado en 1996, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) propuso una estrategia global de desarrollo rural, encaminada a eliminar las desigualdades en la sociedad y economía guatemalteca, en especial la pobreza y la exclusión social, étnica y cultural de los pueblos mayas en el medio rural. Catorce años después impera la extrema pobreza entre la inmensa mayoría de las aldeas habitadas por los trabajadores del campo. Tanto ellos como los mestizos de los pueblos y ciudades del país consideran cada vez con mayor firmeza que las relaciones económicas, sociales y políticas deben cambiar y que el momento histórico que vive Guatemala exige una revolución de “los de abajo”.