El asesinato de Berta Cáceres, dirigente y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y digna representante del pueblo lenca, pone de manifiesto —una vez más— la manera en que los poderes económicos y políticos —en connivencia con las grandes transnacionale— actúan en nuestros países.

Berta encabezó la oposición pacífica al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y por eso fue injuriada, calumniada y amenazada. En 2015 recibió el reconocido premio Ambiental Goldman por la defensa del agua y del territorio. Su liderazgo traspasó fronteras y es un ejemplo para cientos de comunidades que luchan contra los megaproyectos que se instalan sin el consentimiento de la población.

De la criminalización pasaron a la violencia. El pasado 4 de marzo, Berta fue asesinada en su casa. El diario La Jornada, de México, recuerda sus declaraciones cuando le preguntaron si el galardón que obtuvo suponía alguna protección: “El Gobierno trata ahora de vincular los asesinatos de defensores ambientales y de la tierra con violencia común, pero hay suficientes elementos para demostrar que existe una política dirigida, planificada, estructurada y financiada para la criminalización de la lucha de todos los movimientos sociales y populares”.

El asesinato de Berta, la retención en territorio hondureño de Gustavo Castro, el ambientalista mexicano que fue testigo del hecho, y el encarcelamiento de dirigentes indígenas y campesinos en Honduras y Guatemala, tienen un propósito muy claro: infundir terror y desalentar las luchas comunitarias. En nuestro país hay numerosos ejemplos de líderes que enfrentan prisión por encabezar la resistencia y constantes campañas públicas de desprestigio, que tienen como propósito “abonar el terreno” para que cuando se les encarcele la opinión pública lo justifique porque “son delincuentes, terroristas y bochincheros”.

El último informe anual de Udefegua sobre agresiones a las y los defensores de derechos humanos en Guatemala demuestra que en los últimos 15 años (2000-2015), el 43.5% de los ataques han sido contra ambientalistas, indígenas y campesinos y que la criminalización como recurso represivo se ha utilizado en el 21% de los casos.

Ahí tienen a La Puya, que ha venido librando una enorme lucha pacífica contra la minera Exmingua. Los pobladores han sufrido desalojos violentos, ataques e intimidaciones y sin embargo —durante cuatro años— se han mantenido día y noche frente a las instalaciones de la empresa, pidiendo que sea clausurada por no haber cumplido con los requisitos que estipula la ley para su funcionamiento, incluyendo la consulta previa e informada.

La CSJ les dio la razón y declaró con lugar un amparo que ordena detener las actividades de la minera. En clara desobediencia a una orden judicial, el Ministerio de Energía y Minas se niega a acatar lo dispuesto por la Corte, como si fuera un asunto opcional.

La denuncia penal contra Daniel Pascual es otro ejemplo de esto que Berta llamó “política dirigida, planificada y estructurada de criminalización”. Las declaraciones del dirigente campesino a un medio de comunicación se tramitan ahora en un juzgado penal. El mensaje está claro para los indígenas, campesinos y sus dirigentes: quien abra la boca, pagará las consecuencias.

No ocurre lo mismo con quienes utilizan el discurso del odio contra todo aquel que piense diferente, se oponga a sus ideas o a sus “verdades absolutas”; será porque este país está construido sobre la doble moral y porque unos somos menos iguales que otros.