EL VIERNES PASADO la cadena de noticias CNN entrevistó al abogado penalista William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los más poderosos y temidos jefes de los narcotraficantes de Colombia, y reveló la fórmula mágica para obtener colaboración de determinados diputados colombianos en la aprobación, modificación o rechazo de proyectos de leyes: ponerles precio en razón de su talento, de su preparación y de su capacidad para influir en el trabajo legislativo.

“Si el congresista se limitaba a votar recibía 5 mil dólares; si conseguía bloquear una ley, 15.000, y si era destacado orador, 50.000”, según publica la revista Semana.

Rodríguez ha dado anteriormente declaraciones a otros medios de comunicación social, sin cambiar la versión que aparece en su libro Yo soy el hijo del cartel de Cali, publicado recientemente y que está causando tremendo alboroto en su país.

El autor purgó cinco años de cárcel en Estados Unidos. La sentencia inicial era de 21 años, pero le fue rebajada a cambio de cooperar con las autoridades y revelar secretos del cartel y de las vidas de su padre, de un tío (sentenciados a 30 años de prisión).

Añade que en una ocasión ingresó a la sede del Congreso de Colombia llevando una maleta llena de dólares para repartirlos entre diputados que estaban al servicio del cartel.

Entre los proyectos de ley por los que se interesó y pagó, figuran los relativos al lavado de dinero y la extinción de dominio de bienes adquiridos con dinero sucio.

Pero, lo que causa revuelo estos días en Colombia es la acusación que hace contra el político liberal Ernesto Samper Pizano. El expresidiario dice que el cartel de Cali contribuyó con dinero a la campaña electoral que llevó a Samper a ocupar la Presidencia de Colombia, en 1994. Le dio cuatro millones de dólares para la primera vuelta y seis para la segunda.

Samper ha respondido que si los organizadores de su campaña, él no tuvo conocimiento de eso. Sin embargo, en el libro se desmiente a Samper y el autor afirma que le consta que el candidato estaba al tanto de los aportes en dinero para su campaña.

Otro dato interesante que la prensa publica es que el cartel de Cali era dueño de negocios abiertos al público, entre los cuales figuran 500 farmacias y laboratorios.

Rodríguez añade que el cartel estuvo a punto de poner a uno de los suyos como presidente de Colombia, tal era su dominio sobre los grupos políticos colombianos.

El diario El Tiempo, de Bogotá, reproduce un comentario atribuido a Pablo Escobar, jefe supremo del cartel de Medellín, según el cual su rival Gilberto Rodríguez Orejuela dominó la Asamblea Nacional Constituyente (no dice la fecha) “modificó la Constitución, compró todos los políticos que le fue posible, que fue la mayoría, y con eso manejó todo”.

Sin embargo, hay un hecho cierto: siempre habrá políticos dignos que no hacen de su conciencia un objeto de mercadeo; que no venden su voto, que no participan en el crimen y son estos, aunque estén en minoría, los que salvan la historia de las instituciones y de las organizaciones partidarias.

En Colombia sin duda los hay. No puede existir un pueblo tan infeliz que no tenga por lo menos un puñado de políticos honorables.

Por otra parte, la corrupción no debe ser medida solo porque unos políticos reciben dinero de la delincuencia. Hay una gran variedad de actos que, sin mediar dinero, lanzan al ambiente nacional un inconfundible hedor a podredumbre. Podredumbre de conciencia.

Guatemala ha sido víctima de esta clase de políticos en más de una ocasión y por ello es que la población no ha alcanzado los niveles de bienestar a los que tiene derecho.

Estos días, por ejemplo, los escritorios de los jueces están llenos de expedientes de procesos contra políticos que han dejado fetidez en la silla de los cargos desempeñados por elección popular o por nombramiento, Pero, al igual que en Colombia, la población guatemalteca los está poniendo en su lugar.