Los innumerables golpes de Estado que se vivieron durante la segunda mitad del siglo XX en Guatemala llegaron acompañados de la marimba en la radio, la voz grave del locutor, el estado de Sitio y las calles llenas de soldados. El Serranazo de 1993 tuvo como contrapuntos de aquella tradición golpista la solidez de los entonces magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la presencia de una sociedad civil que apenas comenzaba a ejercitar el músculo de la participación ciudadana y la portada en negro de uno de los medios de comunicación escrita que llegó a marcar por aquellos años una diferencia significativa al introducir el periodismo investigativo: Siglo XXI.

Lo que nos ha venido pasando en los últimos días ha sido también un golpe de Estado, pero en otra modalidad. Al mejor estilo de la Guatemala feudotropical de 2019, el #Pacto de Corruptos —asesorado por un extranjero—, quiso consolidar lo que el gobierno de James Morales empezó hace justo un año con los cambios en las cabezas de los ministerios de Relaciones Exteriores y Gobernación. Los retos que le venían planteando Morales, su gobierno y sus patrones a la Cicig y a cualquier instancia que la apoyara tuvieron un hito simbólico el sábado 5 de enero de 2019.

Durante casi 30 horas tuvieron retenido ilegalmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora al investigador de la Cicig que volvía al país para continuar su trabajo en casos de alto impacto.

Esto fue acompañado, dos días después, por una acción de hecho: el presidente, en Consejo de Ministros, dictó el acuerdo no. 2-2019, con el cual buscaban dar por concluido —unilateralmente— el acuerdo de la Cicig. Con ello no solo desacataron disposiciones previas de la CC, sino que violaron —según varios abogados que estudian el caso— los artículos números 1, 44, 46, 140, 149, 175 y 182 de nuestra Constitución. Contradijeron también el artículo 56 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados —no estamos hablando de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas—. Así, con esa acción no solo se viola la Constitución, sino que se incumple con compromisos internacionales que el Estado de Guatemala ha adquirido. El tiempo dirá si la justicia le saldrá al paso a este nuevo atropello.

La puerta de una dictadura se abre cuando la clase gobernante y sus aliados desconocen el Sistema de Justicia. Así que lo sucedido sí fue un golpe de Estado. Que el país siga funcionando, solo quiere decir que cambió la forma, pero no el fondo; consecuentemente, también cambia la manera en que estamos respondiendo a ello. El #Pacto de Corruptos quería medir la temperatura de nuestra sociedad, nuestras instituciones y los posibles aliados.

Tienen la mesa servida: la CC, consistente con resoluciones anteriores —menos el voto razonado de Dina Ochoa—, resolvió otorgar el amparo provisional a favor de la Cicig y suspender la decisión unilateral del gobierno de Guatemala. Varios abogados/as, autoridades indígenas y otros, tanto de forma personal como organizada, han presentado una serie de recursos legales en defensa del estado de Derecho y del orden constitucional. La Cicig ha confirmado que continuará su labor, aun a distancia. Estudiantes y sociedad civil en general han vuelto a salir a las calles, en menor número que hace tres años, pero mejor articulados. Además, las redes son hoy en día también las plazas, y no hace falta sino ver cómo parte de la población —sin contar a los mercenarios netcenteros— ha respondido a este golpe de Estado. La comunidad internacional se ha pronunciado —unos más firmemente que otros— para exigir la observancia de las leyes y la preservación del estado de Derecho. E instancias como la agencia Moody’s, que orientan a inversores extranjeros, califican negativamente lo hecho por Morales et al.

Reina la incertidumbre en el circo, y hay fuerzas oscuras trabajando duro para sostener el viejo orden. No sabemos siquiera si iremos a elecciones. Pero hay una reserva moral en Guatemala que piensa en clave presente y futuro, porque sabe que toca salir de los viejos márgenes para hacer el país que queremos.