Esta es una de las grandes debilidades del sistema político en el cual se desenvuelve la vida institucional del país, ya que además de las restricciones al acceso a la información pública —las cuales se practican al margen de la ley— el espacio de toma de decisiones de algunos funcionarios es excesivo y dificulta una fiscalización estrecha por parte de la ciudadanía.

Está muy bien que la prensa destape los negocios dudosos, al fin y al cabo es una de sus principales funciones. Pero es también una muestra de debilidad de otras instituciones, como el Congreso de la República o la Contraloría General de Cuentas de la Nación, cuyas lupas deberían tener la graduación suficiente para que nada escapara de su control.

Un negocio dudoso, aprobado por varias instancias en el proceso de ratificación, es un golpe a la democracia. El enriquecimiento ilícito, aun cuando sea un delito tipificado por la ley, es percibido por la ciudadanía como uno de los males inevitables del sistema político, a tal punto que incluso algunos gobernantes han tomado a broma el contenido de las gavetas durante el ejercicio del poder. Pero esa violación de las normas constituye una de las peores amenazas al estado de Derecho que tanto ha costado construir.

En este sentido, no se trata solamente de la firma de un documento que compromete los fondos públicos. También entra en esa práctica la costumbre de negociar los beneficios sociales contra mayores cuotas de influencia, incluso en el seno de instituciones cuyos principios y valores son subordinados a intereses particulares o de grupo. En esa línea, el transfuguismo parlamentario es una de las mejores muestras de que, a los representantes del pueblo, la voluntad de sus electores les viene sobrando y que la ley electoral y de partidos políticos está urgida de reformas para ordenar los procesos en función del bien común.

A partir de este escenario, se podría colegir que la prensa ejerce cada vez más un papel fiscalizador delegado, de algún modo, por la misma ciudadanía. Las personas de la calle, esas que llamamos sociedad u opinión pública, prefieren que sean otros gatos quienes saquen las castañas del fuego y cuando eso sucede, aplauden y se congratulan de que alguien haya revelado la verdad detrás de los escándalos. Sin duda, muchas de ellas han participado proporcionando datos, huellas, dando nombres y denunciando a sotto voce lo que en algunos casos ya es de dominio público.

Pero en un contexto de tanta prodigalidad en la repartición de privilegios es indispensable una participación más activa y organizada de la ciudadanía, en especial cuando está comenzando a bullir el caldo electoral con un ingrediente adicional especialmente corrosivo, que es el poder palpable del crimen organizado como sombra ominosa de la próxima contienda.

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