En “Un nuevo principio de la tributación justa” (1896), el economista sueco Knut Wicksell propuso que un individuo podría hacer una evaluación informada y racional de propuestas de gasto público, solamente si al mismo tiempo se le presentara la cuenta de los impuestos que tendría que pagar para cubrirlos.

En el prefacio de Democracia en Déficit, Robert Tollison explica cómo los autores, James Buchanan y Richard Wagner, fueron los primeros en dar un tratamiento extenso a la teoría y política macroeconómica, aplicando herramientas de análisis económico al ámbito político. Hasta entonces, la teoría macroeconómica simplemente asumía que el gobierno siempre actuaba en el interés público. La teoría daba por descontado que en la formulación de política fiscal y monetaria, los políticos gobernantes y tecnócratas actuaban siempre en el interés público, sin la intervención de incentivos y objetivos políticos. De equivocarse, sería solo por ignorancia, ya que si supieran lo que es acertado, lo harían. El gasto público clientelar, perversa práctica endémica de la democracia popular, por ejemplo, no tendría cabida en los supuestos macroeconómicos tradicionales sobre el gasto público. El trabajo de Buchanan y Wagner echó por la borda este supuesto.

Los autores citan a Adam Smith (1776): “Lo que es prudente en la conducta de toda familia privada, puede escasamente ser un disparate en la de un gran reino”. El contexto de esta cita es el manejo responsable de las finanzas públicas; los gobiernos no debieran gastar más de lo que ingresan por concepto de impuestos ni encadenar a futuras generaciones con deudas para financiar déficits.

Hasta el arribo de la “revolución Keynesiana”, a mediados del siglo XX, esta “prudencia fiscal” era una aspiración generalmente aceptada. Para Buchanan y Wagner, el mensaje del Keynesianismo puso esta prudencia de cabeza.

La deuda pública, como señala Buchanan, tiene consecuencias económicas y una dimensión moral. Si un individuo o empresa se endeuda, no puede con facilidad trasladar la deuda a terceros, y el acreedor tiene reclamo sobre su patrimonio. Pero cuando un gobierno se endeuda, la obligación es de “la sociedad”. Esto significa que los frenos prudenciales aplicables a la vida familiar y empresarial no están presentes en el caso de la deuda pública.

El próximo gobierno heredará no solo un presupuesto, sino un modelo de deuda. El presupuesto del 2015 preveía un aumento de 1.1% en los ingresos tributarios con respecto a 2014, meta que no será alcanzada. El mismo presupuesto 2015 contempla un incremento de 23% en deuda y otros pasivos con respecto al 2014 y ya es evidente que este aumento será mayor. El 2016 pinta peor, con gasto de Q72.4 mil millones e ingresos tributarios de Q54.5 millones. Algunos analistas consideran que el nivel de deuda pública aún no es alarmante; lo que es preocupante es su ritmo de crecimiento. También se comenta que como porcentaje del PIB, la deuda pública es “manejable”. Pero como señala el economista Daniel Fernández, lo relevante es la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios; lo que se debe en proporción al ingreso.

La deuda es muy apetitosa para los políticos, pues permite cosechar los beneficios inmediatos y trasladar las consecuencias para el futuro. Además, contrario al caso de la familia, los políticos temporalmente en el poder no arriesgan su propio patrimonio ni cargarán con los costos de sus errores, sino comprometen los ingresos de futuras generaciones. Ojo con las deudas.

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