La permanencia de Otto Pérez Molina como presidente de Guatemala es una fuente de inestabilidad. Un país en crisis requiere flexibilidad para enfrentarla, pero la agonía del gobierno de Otto Pérez implica rigidez, debilidad e inercia para enfrentar los severos problemas de gobernabilidad que enfrentamos. Empeora la crisis en vez de favorecer salidas. Esta rigidez tiene tres fuentes. Primero, su base política es mínima: un número considerable de organizaciones y miles de ciudadanos lo tienen contra la pared, exigiéndole la renuncia. Solo los temerosos de un imaginario desborde social no están de acuerdo, pero este escenario es extremadamente dudoso: se origina en el miedo ancestral de la ciudad invadida por el campo. Entre los últimos obstáculos va quedando una Cámara de Industria que debiera favorecer la renuncia de su ministro en el gobierno, Sergio de la Torre, para abrirle el paso al Cacif, para que también pida la renuncia de OPM. No hacerlo tiene para el Cacif un costo político cada vez más alto e irónicamente le impide incidir en el proceso de cambio que ya se inició. Segundo, Otto Pérez no tiene la credibilidad para convocar a nuevas fuerzas y actores sociales y políticos para encontrar soluciones a la crisis que estamos viviendo. Ha acudido al presidente del Congreso para encontrar alguna contraparte que le dé espacio para actuar, pero con ello ha reforzado la falta de credibilidad no solo del poder Ejecutivo, sino también del ya desprestigiado Congreso. El espacio de acción política del presidente Pérez se ha reducido a una mínima expresión. Tercero, la responsabilidad política del Presidente por la ola de corrupción que vemos le impide contemplar una agenda realmente amplia de cambio, porque esta agenda tendría que incluir, para comenzar, una amplia y profunda investigación, seguida del castigo, de todos los “peces gordos” responsables de corrupción en su gobierno y que lo incluyen. Es evidente su conflicto de intereses.

Un presidente con esos grados de rigidez y debilidad no puede contribuir a facilitar una transición, todavía incierta, para avanzar con una reforma política que debiera ser el inicio de una reforma del Estado que responda a los intereses de la mayoría de guatemaltecos. Al contrario, su rigidez profundiza la crisis y dificulta una salida. Otto Pérez equivale al Ponce Vaides que sucedió a Ubico y que fue un último intento por impedir que se desplegara con fuerza la primavera democrática que Guatemala comenzó a vivir en 1944. Actores externos, como el gobierno de los Estados Unidos, debieran evaluar con detenimiento la historia de Guatemala, para no repetir el error, como en 1954, de contribuir a detener lo que se está convirtiendo en la primera primavera democrática guatemalteca del siglo XXI. Un gobierno provisional junto con un Congreso debilitado (y escandalosamente corrupto, como sabemos), y siempre que ambos estén sujetos a una muy fuerte y persistente presión social, podría permitir la apertura de ciertos espacios y de eventuales soluciones que incluyeran como protagonistas centrales a las fuerzas que se están manifestando en las calles. Adiós Otto Pérez Molina.

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