Claramente todos hemos enten- dido en Guatemala que la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, más allá, la reforma política del Estado es una imperiosa e impostergable prioridad si queremos recuperar la débil democracia que teníamos antes de estos cuatro años de caos y poder avanzar hacia nuevos ideales de libertades fundamentales, participación ciudadana y desarrollo integral y sustentable. Tan es así que el mismo presidente Alejandro Maldonado llamó al Congreso a aprobar la reforma a la LEPP y todos los demás sectores se pronuncian a favor. La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, visitó al Congreso con el propósito de ratificar su posición llamando a la aprobación del proyecto de ley de reforma a LEPP presentado por el TSE, el cual goza de un apoyo mayoritario de los diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, su adversario, el señor Jimmy Morales, representante de la ultraderecha, retóricamente propone convocar a una asamblea nacional constituyente; propuesta que por cierto hiciera Manuel Baldizón y también Otto Pérez en el principio de su gobierno, con lo cual podemos entender las similitudes.

Esta propuesta puede sonar interesante a algunas personas que no caen en la cuenta de que en las actuales condiciones y con la actual ley y reglas del juego lo que esa convocatoria nos daría sería una constituyente que reproduciría las debilidades, los intereses y las torcidas actitudes del actual Congreso, pues al no darse los cambios a la LEPP ni en el comportamiento y democratización de los partidos, el resultado sería el mismo. Es por ello que no podemos permitir que esta retórica y falaz propuesta confunda a la opinión pública, sin contar con una base real. Ya el señor Morales se atrevió absurdamente a hacer el bochornoso comentario de que durante su gobierno Guatemala podría “rescatar” Belice para ampliar sus recursos naturales, con lo cual demuestra su ignorancia del tema y su irresponsabilidad al estar generando un conflicto internacional no solo con Belice, sino también con OEA y Naciones Unidas.

El Congreso debe entender que este es un tema prioritario para el pueblo de Guatemala y recordar quién los eligió o a quién representan o pedirles que se retiren. De lo contrario continuar el proceso de depuración del Congreso por la vía judicial. En este sentido felicitamos la iniciativa de la acción de inconstitucionalidad presentada por tres abogados de reconocida honestidad y calidad profesional desafiando el transfuguismo permitido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo por los mismos diputados, por ser una violación a la voluntad política del pueblo expresada en el voto y una violación a su soberanía, la cual los diputados representan pero no pueden usurpar para sus intereses personales.

Estas elecciones representan una encrucijada para los guatemaltecos entre permitir el colapso del Estado y su disfuncionalidad total o iniciar un proceso de reforma que nos permita la recuperación del mismo y de la democracia.

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