Luego de las capturas de los personeros del IGSS y de la Droguería Pisa, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, declaró en una conferencia de prensa que: “Existió un interés de funcionarios públicos para que, con base en un arreglo con personas afines a la empresa Pisa, se le beneficiara con la adjudicación del contrato valorado en más de Q116 millones”.

El martes 26 de esta semana, la jueza Silvia de De León ligó al proceso a las 17 personas que habían sido capturadas. Algunos amigos me comentaron: “Ya verás que les otorgarán medidas sustitutivas porque algunos de los implicados tienen mucho poder”. En mi interior sabía que no. La “compra de jueces” pasará a ser parte de la vieja historia del país. El movimiento cívico está gestando una nueva Guatemala, más justa, más solidaria y que busca la paz. La resolución de la jueza es un aliciente para este nuevo camino de cambios, que es largo y arduo.

“La captura de la red IGSS–Pisa es otro golpe maestro de la Cicig y del MP,” susurró el Clarinero. La presentación de pruebas irrebatibles como las escuchas telefónicas y un juicio bien sustentado será una gran lección para los guatemaltecos. Demostrará que nadie está por encima de la ley. Sentará un precedente para la nueva Junta Directiva del Seguro Social, quien tiene en sus manos la salud, la vida de millones de guatemaltecos. No se vale actuar con negligencia. Es una grave irresponsabilidad. La jueza argumentó: “La empresa no tenía la capacidad para prestar el servicio de diálisis ambulatorio y por lo tanto debió ser rechazado”. elPeriódico, 27.05. 15. pág. 5

¿Qué sigue ahora? De acuerdo a los juristas, el MP tiene un período de tiempo para investigar y para incorporar nuevas pruebas. En la fase conclusiva determinará qué tipos de delitos existieron para presentar su acusación formal, que será debatida en juicio, donde se dictará la sentencia para cada uno de los acusados.

Con la misma celeridad que se ha procedido con los casos La Línea y el IGSS-Pisa debería haberse llevado el caso de Cristina Siekavizza. El 7 de julio se cumplirán cuatro años de su desaparición. Durante todo este tiempo hemos sido testigos del tráfico de influencias que ha prevalecido en el proceso. Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, denunció: “Es un crimen de Estado. Ha existido una participación activa de funcionarios y trabajadores de los tres organismos, judicial, ejecutivo y legislativo para proteger a Roberto Barreda…”.

Esta semana “Voces por Cristina” presentó un memorial a la CSJ, solicitando que se resuelvan dos amparos pendientes que son promovidos por Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la CSJ, y su hijo Roberto Barreda, primer sospechoso del crimen. Ellos tienen la intención de impedir que el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, no conozca del proceso. Voces por Cristina solicita a la cámara de amparos que los resuelva antes de las audiencias de la fase intermedia, que principian el 15 de junio.

¡Ahora que construimos una nueva historia, estoy segura de que se hará justicia en el caso de Cristina!

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