En medio siglo han dejado de existir en Guatemala 59 partidos políticos. Parece que le ha llegado el turno al número 60. El Partido Patriota (PP), gracias al caso de corrupción que puso en evidencia su relación directa con la estructura paralela de La Línea, se ha hecho el harakiri con bisturí, suicidio ritual que en Japón se comete abriéndose el vientre. La crisis política que enfrenta el actual partido de gobierno es un nuevo golpe bajo a nuestra intención democrática, y deja al descubierto la necesidad urgente de reformar el sistema político guatemalteco, en el contexto de una reforma integral del Estado.

En mi artículo anterior partí del trazo de la impunidad como puente entre las estructuras oscuras y paralelas del pasado, con un presente de corrupción a todo nivel, incluidos los más altos estamentos del Estado. El escándalo Lineagate confirma, entre otras cosas, la inestabilidad y podredumbre de nuestro sistema político. Haciendo memoria, ¿qué partidos han llegado a arraigarse sólidamente en la sociedad guatemalteca durante los últimos cincuenta años? Ni siquiera tradiciones políticas como la de la Democracia Cristiana, el Movimiento de Liberación Nacional o el Partido Revolucionario, surgidas a mediados del siglo pasado.

En el 2003, participaron en elecciones 19 partidos; hace ocho años, participaron en la contienda electoral 14 candidatos presidenciales y 22 partidos políticos; en el 2011 se presentaron a elecciones 10 candidatos a la Presidencia y 27 partidos. Ahora se habla ya de 12 partidos para las elecciones de septiembre del 2015, pero no sabemos aún el número definitivo. Estas joyas de partidos no han llegado siquiera a la línea de salida y varios ya cuentan con señalamientos por campañas adelantadas, listados de inscripción con firmas falsas, vinculaciones a grupos de poder económico tradicional y emergente que los han comprado en subastas a puerta cerrada, corrupción, clientelismo y más. Para decirlo fácil: el Estado ha sido secuestrado y debilitado por estas redes mafiosas.

Cómo será de buen negocio ser político en este país repartido entre narcotraficantes, terratenientes, ejércitos privados, militares retirados, agroindustriales y autoridades locales, entre otros, que cada cuatro años fue subiendo la oferta electoral. Lo raro es que la tendencia bajó en el 2015. ¿La Cicig tendrá algo que ver en esto? ¿El fortalecimiento de la justicia tiene más asustados a algunos “políticos”? ¿O es solo que se están haciendo alianzas partidarias que integran a los mismos de siempre pero en espacios transpolitizados?

El gobierno del PP enfrenta una crisis política e institucional del tamaño de una ola gigante (el país también). En medio de este escándalo, su candidato presidencial 2015 renuncia, el secretario de la Vicepresidencia está señalado por la justicia, grupos ciudadanos le piden al binomio presidencial que deje sus cargos, los hechos de corrupción surgen a salto de mata en varias instancias estatales, los ataques a defensores de derechos humanos se han incrementado, periodistas han sido asesinados, el sistema de salud está colapsado, y la inseguridad continúa. Viéndolo bien, en este caso el suicidio es una opción.

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