El Ministerio Público (MP) es el ente encargado de la investigación y persecución penal en el país. Por eso, tantas resistencias a fortalecerlo y a apoyar, generalmente, el trabajo de quienes lo dirigen. De hecho, y aunque en teoría solo el presidente puede quitar a un/a fiscal, hay un Consejo del MP que puede recomendar, discrecionalmente, al Presidente de la República quitar y poner a otro/a Fiscal General, si su sola presencia riñe con los particulares intereses que defiende ese Consejo. “Yo tendría que ser la fiscal número cinco y soy la número 12, señaló la fiscal Thelma Aldana, en una conversación reciente.

Ese Consejo es el órgano asesor del Fiscal General y está facultado para proponer personal del área de Fiscalía; decidir la creación o suspensión, sede y ámbito territorial de fiscalías distritales, de sección o municipales; así como de dejar sin efecto las instrucciones generales o especiales dictadas por el/la Fiscal General. Por eso, Claudia Paz y Paz no tuvo Consejo Asesor durante un año y medio o más antes de ser forzada a renunciar de su cargo, para dejarla sin mucho margen de acción y decisión. Y es que aquí viene lo bonito: el Consejo del MP está integrado, además del/de la Fiscal General, quien lo preside, por tres fiscales electos en asamblea general de fiscales entre los fiscales distritales, de sección y los agentes fiscales, y por tres miembros electos por el Organismo Legislativo (sí, el Congreso de la República!!). Esto último, lo que traduce, es que lo político puede someter a voluntad a lo técnico, como tantas veces ha sucedido. ¿Le convendría al MP no tener ese Consejo? Sí. Por eso apoyo la intención de reformar la Ley Orgánica del MP. Lo que se quiere desde esa reforma es lograr mayor independencia del MP, impedir la discrecionalidad al poner y quitar fiscales, y fortalecer el régimen disciplinario de esa entidad. Claro que en el medio surge la pregunta: ¿Quién fiscalizaría a el/la Fiscal General que no cumpliera adecuadamente con sus funciones (que no es el caso de las últimas dos)? En unos países con más ética política que acá, lo hace la Corte Suprema de Justicia; en otros, el Presidente de la República. Y siempre debería de hacerlo la ciudadanía, a través de una veeduría que no diera tregua. El hecho es que un Consejo con las características del actual, debilita la gestión y la autonomía de cualquier Fiscal General, sobre todo si no es de sus simpatías.

Sabemos que “puede haber cero corrupción y seguir existiendo la misma miseria”, dijo también el comisionado Iván Velásquez. Por eso, así como queremos un MP con una estructura y un presupuesto acordes a las funciones que debe cumplir, a los proyectos que debe realizar, a la cobertura que debe tener y a las acciones preventivas que debe ejecutar, queremos una inversión social fuerte, unos sistemas de educación y salud atendidos, y una puesta de la niñez y adolescencia en el centro de todas las agendas políticas. (Por cierto, las fiscalías de niñez, adolescencia, mujeres y poblaciones indígenas quedarían fuera de la gestión 2016 del MP, si el presupuesto asignado a ese ente no alcanza.) Esperamos tener el acompañamiento de la Cicig hasta el 2019, pero cuando se vaya, ¿qué MP queremos tener?