El pasado, ya pasó
El país vive todavía su período de posguerra con todo lo que ello implica en términos de restauración del tejido social y del doloroso proceso de sanar las profundas heridas causadas por la violencia política.
En este contexto, la oportuna y necesaria participación de numerosos ciudadanos cuya labor como comunicadores, sociólogos, antropólogos u otras disciplinas sociales desde las cuales han emanado estudios, análisis y fiscalización del respeto a los derechos humanos, ha sido esencial en el proceso hacia el establecimiento de una democracia plena y apegada a la ley.
Muchos han sido quienes se han dado a la tarea de aportar ideas y proponer debates. Entre los profesionales dedicados a desarrollar estos temas está la periodista Marielos Monzón, quien, además de su columna de opinión en este matutino, también ha hecho oír su voz en radio y televisión, abordando tópicos polémicos y ahondando, entre otras áreas, en investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
Ese ha sido, probablemente, el motivo por el cual hoy enfrenta una persecución sistemática de grupos que pretenden acallarla a ella y, de paso, enviar el mensaje a otros profesionales de la comunicación y columnistas de opinión en temas políticos y sociales, de quienes se presume una tendencia política extrema por el solo hecho de denunciar crímenes de Estado y exigir justicia. Las tácticas de intimidación no han cambiado. Solo se han ajustado a los tiempos y a las condiciones jurídicas del país, pero su fin continúa siendo el mismo: la búsqueda del silencio y la impunidad.
Marielos Monzón figura en un listado de 52 presuntos integrantes de organizaciones guerrilleras. A ella se la vincula con la Orpa, organización que dejó de existir como tal cuando Marielos tenía apenas 11 años de edad. Así de burdo es el montaje de estos señalamientos. Pero el fondo del asunto contra ella nada tiene que ver con la investigación en cuyo contexto se la incluye. Tiene que ver con el trabajo actual de esta periodista señalada en los listados y con el de otros activistas de derechos humanos que también figuran en ellos.
Nadie en su sano juicio pretendería evitar que la justicia caiga sobre quienes cometieron graves crímenes durante la lucha armada. De un bando o del contrario, es imperativo que la ley se aplique con todo rigor en aquellos casos que lo ameritan. Pero las maniobras emprendidas por quienes hoy intentan desacreditar el trabajo de Monzón y, de paso, el de la fiscal general, planteando en el Ministerio Público denuncias obviamente viciadas, buscan silencio, no justicia.
Las tácticas de intimidación son la expresión más palpable del miedo de quienes las utilizan. Esa es la actitud de aquellos que han tenido el poder de su lado y resienten su pérdida, como resienten la existencia misma del Estado de Derecho que se los arrebató.