Poco me interesan los pulsos entre los representantes de las grandes empresas fincadas en Guatemala, porque entiendo que muchos son bucaneros empresariales del siglo XXI, maestros en el arte de devorarse entre sí. Arte que, por cierto, no me atrae. Sin embargo, cuando esas empresas contribuyen a corromper las entrañas de nuestra frágil democracia, entonces sí me importa. Y mucho.

Grandes vicios de nuestro sistema político se han fundado en las históricas alianzas que se establecen entre los corsarios de la política y del capital. Así, termina todo en una patente de corso, que no es sino la autorización para hacer una cosa que no está permitido hacer a los demás. Hace pocas semanas, dos empleados de alto rango de una compañía telefónica (Tigo) fueron nombrados “casualmente” antes de la renuncia de Otto Pérez Molina. Uno como ministro de Economía y otro como director del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). ¿Por qué hasta ese momento? ¿Por qué entonces, solo tres días después de que uno de ellos defenestrara públicamente al entonces presidente? Debajo de esos nombramientos subyace el tema de la férrea competencia que se ha venido dando entre tres compañías telefónicas por la banda de frecuencia para 4G. Y más abajo aún está el tema del financiamiento a partidos políticos, que siempre pide después devolver favores.

Como repito, si se quieren despellejar entre ellas que lo hagan, pero no a costa de desollar a este país. Desde hace algunos meses, el hoy encargado de Pronacom, junto a varios más, presionaban a nivel político para que en tiempo récord fuera otorgada la banda 4G. Eso, no solo por la poca frecuencia que tienen las empresas de cara a las demandas que se aproximan en materia de interconexión, sino además porque se buscaba obtenerla por menos de la mitad de lo que realmente vale. En Guatemala esa banda tendría un valor no menor a los 1,200 millones de quetzales, pero nunca los 300 o 400 millones que ellos han ofrecido pagar por ella. De esa forma saldría ganando la empresa, aunque el país perdiera. Gracias a la coyuntura, el negocio no caminó.

El desarrollo que ha tenido la telefonía móvil en el mundo hace que, efectivamente, la banda 4G sea un tesoro aquí y en la cochinchina. Por tendencias tecnológicas mundiales, tarde o temprano tendrá que ponerse a disposición de las empresas explotadoras de redes celulares, ya sea las existentes o nuevas que estén interesadas en invertir en el país. Pero ese proceso es el que debemos vigilar y exigir que se haga dentro del marco de las leyes y no como un asalto más de filibusteros. La dificultad radica en que el decreto 94-96, en su artículo 51, aglutina todas las frecuencias en tres grupos: a) bandas de radioaficionados; b) bandas reservadas y c) bandas reguladas. El primer grupo no interesa hoy, por estar orientado a la investigación y porque las frecuencias no tienen gran valor.

Pero la codiciada banda 4G en la actual ley de la materia está contemplada en lo que se define como bandas reservadas, las cuales son para uso exclusivo de entes del gobierno y prohíbe que esas bandas vayan fuera de ese ámbito (artículos 64 y 65). Esto significa que hoy ninguna empresa privada podría hacer uso de la banda, a menos que el Congreso autorizara un cambio legal en este sentido. Además, las frecuencias a las que tienen acceso los explotadores privados, fuera del ámbito gubernamental, se ubican en el grupo de bandas reguladas, donde la autorización de explotación se representa por el título de usufructo, que solo puede obtenerse por medio de subasta pública. Ni la ley general de telecomunicaciones salva este punto.

Creo que las ganas de que seamos parte de un mundo más y mejor interconectado están, pero no queremos seguir siendo asaltados por piratas de renombre que no respetan la ley, que carecen de escrúpulos y de conciencia, y que no han terminado de entender que lo primero es Guatemala.

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