El tema de la rehabilitación debería ser el pilar fundamental de cualquier sistema penitenciario. Esto es por el enorme impacto que tiene en el resto de la sociedad el hecho de devolverle a un integrante física y mentalmente capaz de integrarse a ella con un riesgo mínimo de reincidencia. Además, ese proceso lleva a proteger los núcleos familiares de los detenidos al brindar a los reclusos programas de capacitación y trabajo productivo que les permita sostener económicamente a los suyos.

En el sistema penitenciario guatemalteco las cosas se han salido del cauce. En la actualidad, uno de los problemas más acuciantes es el hacinamiento de la población reclusa, situación que propicia abusos extremos dentro de las prisiones, redundando en enormes dificultades para establecer controles efectivos de disciplina en estos centros. Sin programas de reinserción, sin un conteo diario y preciso de los internos, sin mecanismos eficaces de supervisión para evitar el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, prostitución y drogas, y sin un cuerpo de guardias penitenciarios bien entrenados y resistentes a las presiones y al soborno, lo que sucede allí adentro escapa a toda norma de administración carcelaria, constituyéndose así en un territorio liberado y en auténtica escuela del crimen.

Los avances realizados en el sector justicia —que los ha habido— necesitan como elemento indispensable una revisión completa del sistema penitenciario, sus procedimientos y su infraestructura, ya que precisamente por el abandono en el que se encuentra se ha transformado a lo largo de los años en foco de reproducción de organizaciones criminales y pandillas, así como en centro neurálgico desde el cual emanan las directrices de la productiva industria de las extorsiones, secuestros y asesinatos.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer un informe en el cual indica que la mitad de la población interna en las cárceles no ha sido condenada, no quiere decir que todos sean inocentes. Pero el retardo en los procesos pone en duda la efectividad de operativos planificados, como las redadas masivas en zonas rojas, ya que el resultado es mayor hacinamiento sin un filtro capaz de liberar de inmediato a quienes no se les haya comprobado un vínculo con hechos delictivos.

El resultado de esta situación es una sociedad expuesta a toda clase de peligros, temerosa y recluida —también ella— tras muros, rejas, alambre de cuchillas y talanqueras. Pero peor aun, indefensa y obligada a depender de su suerte para no ser agredida en las calles, en el hogar, en su centro de estudios o en su lugar de trabajo.

elquintopatio@gmail.com