El Plan para la prosperidad im pulsado por los gobiernos de los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras adquirió mayor peso político con el apoyo que le dio el presidente Obama en la Cumbre de las Américas. El plan ha estado sujeto a críticas en Guatemala: no ha involucrado un verdadero proceso de consulta social, los únicos actores de sociedad civil que han tenido un papel determinante en la formulación del plan han sido los sectores empresariales, no incluye una identificación de la fuente de todos los recursos requeridos, abre posibles espacios para privilegios fiscales cuando plantea la existencia de zonas económicas especiales, y su atención en corredores logísticos y grandes obras de infraestructura es contrario a la prioridad que debiera dársele a la generación de empleo en las regiones pobres donde está concentrada la población migrante.

La identificación del destino de los recursos tiende a confirmar y reforzar las críticas. De los US$20 mil millones contemplados, casi la mitad (US$9 mil millones) se estaría destinando a corredores logísticos, energía, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Ello triplica lo asignado a la pequeña empresa, jóvenes, mujeres y agricultura vulnerable, y es superior a lo dedicado a desarrollo social. El apoyo financiero al sistema judicial brilla por su ausencia, hay mil millones para seguridad y se contemplan recursos para reformas del servicio civil, pero sin reconocer que sin reformas profundas de las leyes de servicio civil es imposible contar con un Estado que funcione y haga que este plan camine.

Además, la falta de visión de estadistas de los tres presidentes del Triángulo Norte evitó que este plan adquiriera una cobertura efectivamente centroamericana, para evitar darle recursos a Nicaragua y Costa Rica. Pero el aporte financiero de los Estados Unidos hubiera podido depender del número de migrantes a los Estados Unidos: aseguraría más recursos para los tres países del norte, pero sin excluir a los otros dos.

Sin embargo, la implementación del plan aún está pendiente y estará sujeta a cambios. Se implementará de manera diferente en un país como El Salvador, cuyo gobierno es de izquierda y poco dependiente del sector privado en contraste con Guatemala, donde un gobierno de derecha permite que el sector privado cogobierne y en la práctica formule e implemente el plan. También hay que tomar en cuenta que en los Estados Unidos el debate ha sido diferente al de Guatemala. Las corrientes más progresistas identificados con los demócratas favorecen el plan como una acción proactiva para enfrentar las causas de la migración de centroamericanos a los Estados Unidos, mientras que los sectores conservadores quisieran restringir la migración mediante mayores controles en las fronteras y la deportación de migrantes. Por consiguiente, será determinante la forma en que se asignen los primeros mil millones de los Estados Unidos a la ejecución del plan. Todavía hay mucha agua que debe pasar bajo el puente; a pesar de dudas válidas, de antemano no hay que descalificar totalmente al plan.

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