La elección de altos cargos a través de órganos que seleccionan y proponen perfiles para su designación pretende privilegiar la meritocracia y la transparencia. Así es, en teoría, el modelo de las comisiones de postulación, conformadas por representantes de sectores académicos, profesionales y gremiales, que proponen aspirantes a los entes encargados de su elección. Mediante comisiones de postulación debe elegirse este año a quienes dirigirán el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos.

Según informes de la Cicig, en casos de corrupción investigados y judicializados en conjunto con la Feci se evidenció que determinados actores participan en las comisiones de postulación habiendo asumido compromisos de representar intereses particulares orientados a la garantía de impunidad. En consecuencia, quienes integran las comisiones se convierten, a fin de cuentas, en operadores de un cierto poder político o fáctico para la nominación de personajes afines a esos intereses.

Diálogos, en su “Agenda Integral Anticorrupción”, parte de esas premisas y propone la necesidad de asegurar la calidad, la independencia y la meritocracia en la designación de altos cargos. En ese sentido, reconoce como prioridad la relevancia de trabajar por fortalecer el servicio civil, la carrera judicial y la carrera fiscal en el país.

Se espera que las comisiones de postulación puedan llevar a cabo entrevistas sustanciales en las que se pregunten posturas respecto de temas trascendentales en la agenda pública, así como ponderaciones meritocráticas, vocación de servicio, aptitudes de liderazgo y posible existencia de vínculos o relaciones que podrían causar eventuales conflictos de interés.

También se espera que la calificación de expedientes sea más que un proceso mecánico limitado a la verificación de la presentación de constancias, y que exista una exhaustiva validación de lo que cada aspirante afirma respecto de su trayectoria.

Es primordial que se garantice el ejercicio de la auditoría social en óptimas condiciones. Que se otorgue un tiempo prudencial para la presentación de tachas por parte de la ciudadanía, sobre todo en atención a los plazos de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Al igual que los comisionados, el presidente de la República o el Congreso, según corresponda, deben aplicar la jurisprudencia constitucional existente para la elección. La Corte de Constitucionalidad ha establecido que para ello se debe cumplir con un pronunciamiento objetivo, público y razonado. Los alcances de los principios orientadores de la Ley de Comisiones de Postulación no deben ser entendidos de forma limitada y aplicables únicamente a las comisiones de postulación, sino de forma integral a todos los momentos y etapas de la designación.

La premura del contexto y las necesidades inmediatas no deben nublar un panorama más completo. Debe promoverse una construcción integral y estructural contra la corrupción. Deben propiciarse vías políticas que abanderen soluciones técnicas, eficaces y viables a problemas multidimensionales, tales como la obsolescencia del modelo de comisiones de postulación. El tema adelanta la discusión sobre las deficiencias de otras instituciones: como la carrera judicial, la carrera fiscal, el servicio civil, la meritocracia, la educación superior y los colegios profesionales.